El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que estructuras armadas con presencia en Colombia habrían brindado refugio a la esposa y a la hija de alias Fito, uno de los cabecillas más buscados del crimen organizado ecuatoriano. La declaración fue recogida por Crónica del Quindío y se inscribe en la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador desde hace varios años.
Alias Fito, cuyo nombre real es José Adolfo Macías, es el líder de la banda Los Choneros y figura como uno de los presos más peligrosos del país. Su fuga de la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo, ocurrida en enero de 2024, desató una ola de violencia sin precedentes en Ecuador, con motines en prisiones, ataques a instituciones del Estado y el posterior asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
La acusación del funcionario ecuatoriano apunta directamente a la frontera norte, una región donde convergen grupos armados colombianos, economías ilegales y corredores de movilidad criminal. Según Reimberg, la familia del líder de Los Choneros habría encontrado protección al otro lado del río Putumayo, en zona selvática bajo influencia de organizaciones armadas.
El pronunciamiento llega en un contexto delicado para la relación bilateral. Ecuador y Colombia comparten más de 580 kilómetros de frontera y han sostenido cooperación en materia de seguridad, pero las diferencias sobre el alcance de la operación militar y la presencia de grupos armados en territorio colombiano han generado roces diplomáticos recurrentes.
Desde el lado ecuatoriano, el discurso oficial responsabiliza en parte a Colombia por la persistencia de organizaciones como Los Choneros, los Comandos de la Frontera y la Segunda Marquetalia, que aprovechan la porosidad territorial para establecer campamentos, rutas de narcotráfico y refugios. Autoridades ecuatorianas sostienen que la captura de Fito, mientras permanezca libre, será difícil sin una articulación efectiva con Bogotá.
En Colombia, el tema reviste sensibilidad política. El gobierno nacional ha incrementado operativos en zonas de frontera y ha reiterado su compromiso de perseguir a grupos armados y cabecillas. Sin embargo, la existencia de campamentos transfronterizos es un hecho reconocido por la Fuerza Pública y por informes de organismos de control, lo que da contexto a la denuncia del ministro Reimberg.
Para la ciudadanía de ambos países, la denuncia tiene implicaciones prácticas. La región fronteriza, habitada por comunidades afrodescendientes e indígenas, soporta de primera mano las consecuencias del narcotráfico, el reclutamiento forzado y los enfrentamientos entre grupos armados. La presencia de familiares de cabecillas protegidos en el otro lado de la frontera alimenta la percepción de que la cooperación bilateral no termina de cerrar el paso a las organizaciones criminales.
El caso se suma a una lista creciente de episodios que tensionan la relación Ecuador-Colombia. Episodios como la incursión militar ecuatoriana en 2018 para atacar un campamento de disidentes de las FARC, que dejó civiles muertos, o los desencuentros por el asesinato de periodistas en zona limítrofe, mantienen abierta la discusión sobre cómo coordinar inteligencia, operativos y justicia sin vulnerar la soberanía de ninguno de los dos países.
Queda por verse si la acusación de Reimberg se traduce en una solicitud formal de captura, en una nota diplomática o en un operativo conjunto con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía colombiana. Por ahora, la denuncia vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de articular una estrategia binacional sostenida contra las organizaciones armadas que se mueven con facilidad a uno y otro lado de la línea fronteriza.