El ministro de Agricultura designado para el gobierno de Abelardo De la Espriella, Indalecio Dangond, confirmó que la próxima administración revisará el Decreto 765 de 2026. La norma fue firmada durante el gobierno de Gustavo Petro y regula la transferencia de predios rurales administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hacia la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El anuncio se convierte en una de las primeras señales de la postura del nuevo gabinete frente al ordenamiento de la propiedad rural.
Dangond explicó que la revisión busca garantizar seguridad jurídica y respeto por el debido proceso en la entrega de esos predios. Según el futuro funcionario, la administración entrante evaluará si el decreto cumple con esos criterios antes de mantenerlo, modificarlo o dejarlo sin efectos. No se conocieron aún detalles sobre los plazos ni el equipo técnico que adelantará el análisis.
La SAE administra bienes vinculados a procesos de extinción de dominio y otros activos especiales, entre ellos predios rurales que han sido objeto de decisiones administrativas y judiciales durante años. La ANT, por su parte, es la entidad encargada de ejecutar la política de tierras del Estado colombiano, incluyendo la formalización, adjudicación y saneamiento de la propiedad rural.
El Decreto 765 de 2026 fue expedido en el tramo final del gobierno de Petro. Establece el procedimiento para transferir a la ANT los predios rurales que la SAE tenga bajo su administración, con el objetivo de incorporarlos al proceso de reforma agraria. La norma ha sido interpretada por distintos sectores como un paso clave para descongestionar el inventario de la SAE y agilizar la entrega de tierras a campesinos y comunidades.
Sectores rurales venían reclamando reglas más claras sobre el destino de los predios administrados por la SAE. Algunas regiones, particularmente zonas afectadas por el conflicto y por procesos de despojo, han visto frenadas adjudicaciones por la falta de definiciones sobre la cadena de competencias entre entidades. El anuncio de revisión reabre ese debate y deja en suspenso el cronograma de transferencias.
Desde el punto de vista ciudadano, la decisión puede afectar a familias campesinas que esperan la adjudicación formal de tierras, a comunidades étnicas con solicitudes de constitución de resguardos y a productores que requieren claridad sobre la situación jurídica de los predios donde trabajan. También impacta a la SAE, que deberá definir cómo avanza en la disposición de su inventario mientras se resuelve la revisión.
La oposición al decreto ha cuestionado la velocidad del proceso y la posibilidad de que se afecten derechos de terceros. Sus defensores sostienen que la transferencia es necesaria para destrabar un inventario de tierras estancado y avanzar en la política agraria. Dangond no entró en esos juicios, pero insistió en que la revisión se concentrará en las garantías jurídicas.
Por ahora, el gobierno electo no ha precisado si propondrá un decreto sustitutivo, una suspensión temporal o una derogatoria expresa. Tampoco se ha pronunciado la ANT sobre el alcance del anuncio. La transición entre administraciones se perfila como el escenario donde se definirá el rumbo final de la norma.
Lo que queda pendiente es conocer los criterios técnicos y jurídicos que aplicará el equipo entrante para evaluar el decreto, el tiempo que tomará esa revisión y si habrá audiencias o consultas con los sectores rurales. El resultado de ese proceso marcará el pulso inicial de la nueva administración en materia de tierras.