La siguiente administración, mediante un comunicado, cuestionó el traslado de 4 billones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Calificó la operación como apresurada y pidió a los entes de control que actúen de inmediato para revisar la decisión, según el extracto de la fuente.
En el mismo texto, el gobierno electo recordó el saqueo que, a su juicio, sufrió la entidad durante la administración Petro. Esa referencia conecta el movimiento de recursos actual con un historial reciente de controversias que ya habían puesto a la UNGRD bajo escrutinio público y judicial.
La UNGRD es la entidad encargada de coordinar la respuesta del Estado frente a emergencias como inundaciones, deslizamientos y temporadas de lluvias. Su presupuesto y su manejo siempre despiertan especial sensibilidad porque los recursos están destinados, en última instancia, a atender a poblaciones vulnerables en momentos de desastre.
El anuncio llega en un contexto de empalme entre administraciones, una etapa sensible en la que se suelen revisar los movimientos presupuestales de fin de año. Cualquier giro de gran magnitud en las últimas semanas de un gobierno suele generar preguntas sobre el destino final de esos recursos y sobre los compromisos que podrían heredar las siguientes autoridades.
Para la ciudadanía, el nudo de la discusión es doble: por un lado, si los 4 billones de pesos están respaldados por una necesidad técnica comprobable. Por el otro, si su traslado responde a una planeación normal del cierre presupuestal o si, como sugiere el gobierno electo, se trata de un movimiento que merece investigación.
La petición a los entes de control, aunque no detalla plazos ni sanciones específicas, abre la puerta a que la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía abran expedientes relacionados con la operación. Esos organismos tienen la facultad de solicitar contratos, conceptos técnicos y trazabilidad de los giros para determinar si hubo irregularidades.
Organizaciones de la sociedad civil que siguen de cerca a la UNGRD suelen recordar que la entidad atravesó investigaciones por manejos cuestionados en contratos previos. Ese antecedente, mencionado también en el comunicado del gobierno electo, es el principal argumento de quienes piden que esta nueva operación sea revisada con lupa.
El comunicado del gobierno entrante no menciona nombres de funcionarios responsables ni fechas exactas del traslado. Tampoco detalla a qué rubros específicos irían los 4 billones de pesos dentro de la UNGRD, un dato clave para evaluar si se trata de inversión en prevención, en atención de emergencias o en funcionamiento de la entidad.
Por ahora, la respuesta pública del gobierno saliente sobre este cuestionamiento no aparece en el extracto disponible. Tampoco hay pronunciamientos de la dirección actual de la UNGRD ni de los ministerios involucrados, por lo que el debate quedó inicialmente planteado por la administración que asumirá el poder.
Quedan varios puntos por esclarecer: el destino final de los 4 billones de pesos, la justificación técnica del traslado y la decisión que tomarán los entes de control tras la solicitud recibida. La opinión pública estará atenta a las próximas reacciones de las autoridades salientes y de los organismos de vigilancia.