El gobierno electo de Abelardo de la Espriella calificó como un “riesgo inminente” la decisión de mover 4 billones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. El traslado de recursos fue ordenado por la administración de Gustavo Petro, según reportó Colombia.com.
La UNGRD es la entidad encargada de coordinar la respuesta a emergencias en Colombia, como deslizamientos, inundaciones y sequías. Administra fondos públicos que se ejecutan a través de contratos y convenios con alcaldías, gobernaciones y organismos de socorro. Por su misión, está sujeta a controles estrictos del Congreso, la Contraloría y la Procuraduría.
En los últimos años el nombre de la UNGRD se ha asociado a uno de los mayores escándalos de contratación del Estado colombiano. Investigaciones de la justicia han señalado presuntas irregularidades en el manejo de recursos para atención de desastres, motivo por el cual cualquier movimiento presupuestal de gran magnitud sobre la entidad suele generar atención especial.
El gobierno electo advirtió que el traslado se realizó a pocos días del cambio de mandato. Argumentó que una operación de esa escala, sin visibilidad sobre su ejecución, pone en duda el destino final de los recursos. Solicitó explicaciones detalladas sobre cómo se proyecta gastar esos 4 billones hasta el 7 de agosto, fecha de posesión del nuevo presidente.
El Ministerio de Hacienda, como ejecutor de la orden, no ha entregado un desglose público de los rubros específicos a los que se dirige la transferencia. Ante esa falta de información, el equipo de transición pidió que cualquier movimiento adicional de recursos a la UNGRD sea suspendido mientras se aclaran las condiciones del traslado.
Para la ciudadanía, el debate es relevante porque la UNGRD maneja presupuesto que en teoría protege a comunidades afectadas por emergencias. Una demora o un mal uso de esos recursos puede traducirse en ayuda que no llega a tiempo a damnificados por lluvias, incendios o avalanchas. Organismos de control han sido reiterativos en pedir transparencia en cada transferencia a esa entidad.
Desde la administración Petro se ha sostenido que el traslado responde a necesidades presupuestales de fin de año y al cumplimiento de compromisos con regiones que atraviesan situaciones de desastre. Portavoces del gobierno saliente han defendido la legalidad del decreto que respalda la operación y han acusado al equipo entrante de alarmar sin fundamento.
La controversia coincide con un periodo de empalme entre las dos administraciones, en el que se revisan cifras fiscales, contratos en curso y hoja de ruta presupuestal. Cada equipo suele pedir respaldo documental a la cartera de Hacienda y a los ministerios sectoriales, en especial cuando se mueven partidas grandes en los últimos días de gobierno.
Queda por verse si el Ministerio de Hacienda entrega el detalle de los movimientos solicitados y si la Contraloría abre una revisión preventiva sobre la transferencia. Por ahora, el cruce de versiones mantiene la discusión abierta y la opinión pública pendiente de un tema que toca el corazón de la respuesta estatal frente a los desastres naturales.
Colombia.com, fuente de esta información, publicó los detalles del cruce de comunicados y dejó en línea la nota completa para consulta de los lectores.