La comunicación del gobierno electo, divulgada este lunes, responde a versiones que circularon sobre supuestos acercamientos con congresistas de cara a la elección del contralor. Según el pronunciamiento, esas versiones "carecen de veracidad", una frase que se convirtió en el eje de la aclaración pública.
El proceso está en marcha en el Congreso de la República. La plenaria del Senado y la Cámara de Representantes deberán votar el 12 de agosto al reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien ocupa actualmente el cargo. La elección del contralor general requiere mayoría absoluta en cada cámara, según el procedimiento previsto en la Constitución y en la ley.
A la convocatoria se inscribieron diez aspirantes, cuyos nombres y trayectorias deberán ser evaluados por las comisiones accidentales designadas para el efecto. La Contraloría General de la República es el organismo encargado de vigilar el gasto público y la gestión fiscal de las entidades del Estado, una función que la Constitución le asigna como cabeza del control fiscal externo en Colombia.
La elección del contralor ha sido tradicionalmente objeto de negociación política entre los partidos con representación en el Congreso y el Ejecutivo. Por eso, cada ciclo de selección suele ir acompañado de rumores sobre acuerdos, acercamientos o presiones, tanto dentro como fuera del Capitolio. El desmentido del equipo de transición se inscribe en ese contexto.
El gobierno electo no explicó en su comunicado qué tipo de reuniones se habrían denunciado ni quiénes habrían participado en ellas. Tampoco entregó detalles sobre los nombres que, según las versiones desmentidas, se estarían promoviendo para el cargo. La comunicación se limitó a negar los hechos y a reiterar que el gobierno electo se conducirá con transparencia en sus relaciones con el Congreso.
Para la ciudadanía, la elección del contralor es relevante porque ese funcionario encabezará la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos durante el inicio del nuevo mandato. El periodo del sucesor de Rodríguez Becerra coincidirá con los primeros años de gestión del gobierno de Abelardo de la Espriella, por lo que la independencia del organismo será observada de cerca por sectores políticos, académicos y veedurías ciudadanas.
La falta de consenso sobre el procedimiento ha sido motivo de debate en otras ocasiones, cuando la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han intervenido para precisar las reglas del concurso público de méritos que antecede a la elección. En esta oportunidad, el Congreso tendrá que resolver eventuales empates o desacuerdos antes de la fecha prevista.
El siguiente paso inmediato será la verificación de requisitos de los diez inscritos y la programación de las audiencias públicas en las comisiones. Si el proceso avanza según el calendario, el nombre del nuevo contralor general de la República se conocerá el 12 de agosto, cuando cada cámara vote por separado.
Queda pendiente, además, la aclaración definitiva sobre las versiones que motivaron el pronunciamiento del gobierno electo, así como los eventuales pronunciamientos del Congreso y de los partidos políticos sobre el rumbo de la elección. Hasta ahora, ninguna otra fuente oficial ha confirmado la existencia de las reuniones denunciadas.