El Ministerio de la Igualdad avanza en su proceso de liquidación y ya suprimió 407 de los 744 cargos que conformaban su planta de personal, según reportó la entidad. La cifra equivale a más de la mitad de los puestos existentes al momento del cierre y representa un ahorro anual superior a 62.800 millones de pesos, de acuerdo con la información publicada por La Razón.
La cartera fue creada durante el gobierno de Gustavo Petro como una de las apuestas centrales de su administración, con el objetivo de coordinar políticas para las poblaciones históricamente marginadas del país: mujeres, pueblos étnicos, población LGBTI, personas con discapacidad y comunidades en condición de pobreza, entre otras. La entidad operó durante poco más de un año antes de iniciar su proceso de liquidación tras el cambio de gobierno.
El cierre administrativo implica la terminación de contratos, la devolución de bienes y la transferencia de funciones a otras entidades del Estado. La supresión de cargos se ejecuta conforme a las normas de reestructuración de entidades públicas, que incluyen el reconocimiento de indemnizaciones a los servidores públicos retirados, según el régimen laboral vigente.
Para los funcionarios afectados, el proceso ha implicado el fin de una vinculación reciente con el Estado. Muchos de los servidores habían ingresado tras la creación del ministerio y vieron su continuidad laboral condicionada al futuro de la entidad. Las indemnizaciones y bonificaciones correspondientes se financian con cargo al presupuesto del proceso de liquidación.
Desde el punto de vista fiscal, la eliminación de más de la mitad de la planta genera un reordenamiento del gasto público nacional. Los recursos que se dejaban de ejecutar en nómina y funcionamiento quedan disponibles, aunque una parte se destina al cierre mismo de la entidad. El ahorro reportado corresponde a la proyección anual una vez culminada la liquidación.
La medida también abre un debate sobre la continuidad de los programas sociales que atendía el ministerio. Programas dirigidos a mujeres víctimas de violencia, a comunidades étnicas y a personas en condición de pobreza extrema deben ser reubicados en otras entidades o culminados antes del cierre definitivo, para evitar la interrupción de los servicios a las poblaciones beneficiarias.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales han pedido claridad sobre la suerte de estas iniciativas. En distintos pronunciamientos públicos han solicitado que el gobierno nacional garantice la transición de los programas en marcha y que los recursos destinados a población vulnerable no se pierdan en el proceso de liquidación.
El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad se inscribe en una ola más amplia de ajustes administrativos adelantados por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La restructuración de entidades creadas en la administración anterior hace parte de la política de racionalización del gasto público anunciada al inicio del nuevo período.
Queda pendiente la culminación formal de la liquidación, la entrega de los bienes de la entidad y la evaluación sobre qué dependencias asumirán las funciones restantes. La fecha exacta de cierre definitivo aún no se ha confirmado oficialmente, mientras continúan los trámites administrativos y presupuestales asociados.