El gobierno nacional expidió un nuevo paquete de lineamientos de austeridad dirigido a las entidades del Estado. La directriz fue divulgada esta semana y aplica al funcionamiento cotidiano de ministerios, departamentos administrativos y demás organismos de la rama ejecutiva.
Uno de los puntos centrales de la circular es la instrucción de privilegiar los encuentros y eventos virtuales frente a aquellos que requieran el desplazamiento físico de servidores públicos. Según el extracto de la directriz, se trata de una medida orientada a reducir los rubros asociados a tiquetes, hospedaje y logística de viajes.
La disposición también prohíbe expresamente la contratación de pauta dirigida a la autopromoción de la gestión de las entidades. Con esta restricción, las dependencias oficiales deberán enfocar su comunicación institucional en información de servicio al ciudadano, en lugar de difundir los logros de la administración.
El decreto se inscribe en una línea de política que el Ejecutivo viene trazando desde el inicio del periodo, en coherencia con el objetivo general de contención del gasto corriente. Las normas de austeridad en Colombia tienen antecedentes en decretos expedidos en gobiernos anteriores, en los que también se buscó limitar viáticos, vehículos oficiales y contratos de consultoría.
Para los funcionarios, los cambios implican ajustes en la programación de reuniones interinstitucionales, así como en la planificación de eventos presenciales que antes contaban con recursos para desplazamiento, alimentación y alquiler de espacios. La directriz deja en manos de cada entidad la definición de los casos excepcionales en los que el viaje se justifique.
En materia de comunicación, la prohibición de autopromoción cambia la forma en que las entidades difunden su gestión. Hasta ahora era frecuente que ministerios y superintendencias contrataran espacios en medios de comunicación o en plataformas digitales para visibilizar programas, obras y resultados. Con la nueva regla, ese tipo de inversiones queda restringido.
Organizaciones de la sociedad civil y veedurías ciudadanas suelen recibir este tipo de medidas con atención, pues su cumplimiento efectivo depende de los mecanismos de seguimiento y de las sanciones por incumplimiento. La ciudadanía podrá evaluar, a través de los portales de transparencia, si las entidades acogen la directriz y reportan los ahorros obtenidos.
El gobierno también deberá precisar, en las próximas semanas, los criterios para solicitar excepciones a la regla de los viajes presenciales, así como los indicadores con los que se medirá el impacto de la medida en el presupuesto de funcionamiento de las entidades. Mientras tanto, las dependencias iniciaron la etapa de revisión interna de sus cronogramas de actividades.
En conjunto, la directriz apunta a dos frentes: por un lado, el recorte del gasto en viajes y logística; por el otro, el cambio de tono en la comunicación oficial, que se concentrará en informar y atender al ciudadano más que en difundir la imagen de la administración.