Según la fuente KienyKe, el Gobierno entregó los primeros archivos desclasificados del DAS. Los documentos están vinculados a dos casos de alto impacto en la historia reciente del país. Se trata del asesinato del humorista Jaime Garzón, ocurrido en 1999, y de las actividades de seguimiento al sindicalista Pedro Julio Movilla.
El DAS fue el organismo de inteligencia civil del Estado colombiano hasta su liquidación en 2011. Durante décadas acumuló funciones de policía judicial, seguridad personal y contrainteligencia. Tras su cierre, el archivo institucional pasó a la recientemente creada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Agencia Nacional de Seguridad, entidades encargadas de administrar el acervo documental.
La desclasificación responde a solicitudes de víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos que llevan años pidiendo acceso a los expedientes reservados. En Colombia existen procesos judiciales que aún no han establecido todas las responsabilidades por las actividades de inteligencia ilegal, conocidas como las "chuzadas" y los seguimientos a periodistas, sindicalistas y opositores. Abrir los archivos es un paso clave para esclarecer lo que ocurrió dentro de esa entidad.
El caso Garzón es uno de los más sensibles del archivo nacional. El humorista fue asesinado en Bogotá el 13 de agosto de 1999. Aunque hubo condenas por el delito de sicariato, el proceso dejó pendientes líneas de investigación sobre posibles autores intelectuales. Cualquier documento del DAS sobre Garzón puede aportar pistas sobre seguimientos previos, amenazas o conexiones con estructuras paramilitares y agentes del Estado.
Por su parte, Pedro Julio Movilla fue un sindicalista vinculado a movimientos campesinos y agrarios. El expediente Movilla dentro del DAS podría arrojar luz sobre los mecanismos de vigilancia que el organismo aplicaba contra líderes sociales. Esa información resulta relevante en un país donde, según cifras de organizaciones internacionales, el sindicalismo colombiano ha sido uno de los más violentados del mundo.
La decisión del Gobierno se inscribe en el cumplimiento de la Ley 1621 de 2013, que regula los servicios de inteligencia y establece reglas para la desclasificación de documentos reservados. Esa norma fijó plazos y procedimientos para que los archivos de inteligencia puedan pasar del secreto a la consulta pública, una vez superen los controles legales y de seguridad nacional.
Para las víctimas, estos archivos son herramientas de verdad judicial. Para los historiadores y periodistas, son una fuente primaria sobre cómo funcionó la inteligencia estatal en décadas de conflicto armado. Para la ciudadanía, la entrega es una señal sobre el manejo de la información sensible y sobre el deber del Estado de rendir cuentas por su pasado reciente.
El proceso apenas comienza con esta primera entrega documental. Quedan por definir qué otros expedientes del DAS serán desclasificados y en qué plazos. También falta precisar los mecanismos de consulta para víctimas, investigadores y periodistas. El seguimiento ciudadano a este cronograma será determinante para medir el alcance real de la apertura.
Según la fuente, los documentos fueron puestos a disposición por el Gobierno, aunque no se detallan aún los contenidos específicos ni los archivos físicos entregados. Las partes interesadas y la opinión pública esperan ahora la verificación de los soportes entregados y la continuidad del proceso de desclasificación.