El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el presidente Abelardo de la Espriella firmará este viernes el decreto de protesta social. El anuncio fue recogido por El Colombiano y se da en la antesala de nuevas marchas convocadas por sectores de la oposición.
De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, el decreto se convierte en el primer instrumento específico que el gobierno de Abelardo de la Espriella pone en marcha para abordar la protesta social. La norma regulará las condiciones en que se ejerce el derecho a la manifestación pública en Colombia.
El Ministerio del Interior será la entidad responsable de coordinar la implementación del decreto. Esta cartera ha sido históricamente la encargada de velar por los derechos de reunión, asociación y movilización pacífica, y de articular la respuesta del Estado frente a las jornadas de protesta.
La protesta social está reconocida en la Constitución colombiana como una expresión legítima de participación ciudadana. Por eso, cualquier decreto que la regule debe ajustarse a los estándares de protección de derechos humanos y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el uso de la fuerza y la libertad de expresión.
En el contexto nacional, el anuncio coincide con el regreso a las calles de organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas que se oponen a varias líneas del actual gobierno. Las marchas anunciadas por la oposición se convierten así en la primera prueba de fuego para la nueva normativa.
Sectores de la oposición habían expresado preocupación por la posibilidad de que el decreto incluyera restricciones a la movilidad o al uso de espacios públicos. Hasta ahora, el contenido específico del texto no ha sido publicado en su totalidad, por lo que distintos actores sociales esperan conocer los alcances antes de pronunciarse formalmente.
Desde el gobierno, la presentación del decreto se enmarca en el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia durante las jornadas de protesta. La administración de Abelardo de la Espriella ha reiterado que las movilizaciones pacíficas están permitidas y que la fuerza pública actuará dentro del marco legal.
Organizaciones de derechos humanos han pedido en otras oportunidades que cualquier reglamentación respete los principios de proporcionalidad y no criminalización de la protesta. Estas entidades suelen estar atentas a figuras como el traslado de personas a estaciones de policía, el uso de armas menos letales y la figura de la primera respuesta.
El decreto llega en un momento en que varias ciudades del país se preparan para manifestaciones en los próximos días. Por ahora, queda pendiente conocer el texto definitivo, las entidades que lo ejecutarán y el protocolo que regirá la actuación de la fuerza pública durante las próximas convocatorias.