El Gobierno nacional está evaluando derogar el decreto que obligaba a los afiliados a fondos privados de pensiones a repatriar los ahorros que tuvieran en el exterior. La información fue publicada por Vanguardia, que reseña que la decisión está bajo análisis del Ejecutivo y aún no se ha concretado.
El decreto en cuestión había sido expedido como parte de las medidas del actual gobierno para fortalecer el sistema pensional colombiano. Una de sus órdenes centrales consistía en que los recursos de afiliados a fondos privados que estuvieran fuera del país volvieran al sistema local, en línea con la política de canalizar el ahorro pensional hacia la economía nacional.
De acuerdo con el reporte de Vanguardia, la revisión no se limita a ese punto. El Ejecutivo también puso bajo la lupa las disposiciones relacionadas con Colpensiones, la administradora estatal de pensiones, y con el seguro ligado al incremento del salario mínimo aprobado en los últimos meses.
El salario mínimo en Colombia se fija cada año mediante un decreto que normalmente entra en vigor el 1 de enero. El aumento tiene efectos sobre varias prestaciones sociales, entre ellas las cotizaciones a seguridad social y los seguros asociados al pago de la nómina. Cualquier modificación de las reglas del seguro ligado a ese incremento se traduce en cambios en los costos laborales para empleadores y trabajadores.
Para los ciudadanos, el punto más sensible del paquete es el del ahorro pensional en el exterior. Los afiliados que trasladaron parte de sus recursos a fondos fuera del país tendrían que ajustar sus decisiones si finalmente se mantiene o se elimina la obligación de repatriarlos. Los gestores de esos fondos habían expresado reparos a la medida original por considerar que restringía la libertad de inversión.
Colpensiones administra las pensiones del régimen público de prima media y concentra a los trabajadores que no se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad. Cualquier cambio normativo que afecte a esta entidad tiene impacto directo sobre millones de colombianos cercanos a la edad de jubilación y sobre las reglas de transición entre regímenes.
En el debate sobre el sistema pensional colombiano conviven dos modelos: el de prima media, administrado por Colpensiones, y el de ahorro individual, gestionado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones. La jurisprudencia constitucional ha fijado reglas sobre la convergencia entre ambos esquemas, que se han traducido en sentencias como la C-258 de 2013 sobre la transición entre regímenes, uno de los antecedentes más citados en la discusión.
La revisión del decreto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo se protege el ahorro de los trabajadores y cómo se garantiza la sostenibilidad del pago de pensiones a largo plazo. Sectores gremiales y expertos han planteado que la obligatoriedad de repatriar los recursos puede limitar la diversificación del riesgo en una etapa crítica para los afiliados.
Hasta el momento, según el reporte de Vanguardia, el Ejecutivo no ha anunciado una fecha para expedir el decreto de derogatoria ni los alcances finales de la nueva normativa. Lo que está sobre la mesa es si la medida original se elimina por completo, se ajusta o se reemplaza por un esquema distinto que preserve algunos de sus objetivos iniciales.
El desenlace de esta revisión marcará la dirección de la política pensional del gobierno en el corto plazo. Los afiliados a fondos privados, los trabajadores próximos a pensionarse y los empleadores que financian las cotizaciones estarán pendientes del texto definitivo que publique el Ejecutivo.