El Gobierno Nacional informó que revisará el funcionamiento y la legalidad de las cámaras de fotomultas instaladas en distintas vías del territorio colombiano. El anuncio se produjo poco después de que se suspendiera la activación de tres dispositivos nuevos en la Vía al Mar, la carretera que comunica a Barranquilla con Cartagena, según informó Canal 1.
La revisión busca establecer si los dispositivos operan conforme al marco legal vigente y si su instalación cumple con los requisitos técnicos y administrativos establecidos para este tipo de sistemas. Las fotomultas son cámaras automatizadas que registran infracciones de tránsito, como exceso de velocidad, y generan comparendos sin la presencia física de un agente en el sitio.
En Colombia, este tipo de sistemas ha estado a cargo de concesiones y operadores privados, en coordinación con autoridades de tránsito locales y nacionales. La regulación establece condiciones para la señalización, la calibración de los equipos y los procedimientos de notificación a los conductores sancionados.
La suspensión de los tres equipos en la Vía al Mar ocurrió como medida previa mientras avanza la revisión ordenada por el Gobierno. Esta carretera es uno de los corredores de mayor tráfico de carga y pasajeros entre la Costa Caribe y el resto del país, por lo que cualquier cambio en los sistemas de control vial tiene efectos directos sobre los usuarios.
La decisión implica que los conductores que transitan por ese corredor no recibirán sanciones automáticas provenientes de esos tres equipos, al menos de manera temporal. Los conductores y empresas de transporte que usan la ruta con frecuencia se encuentran a la espera de conocer los alcances de la revisión y si habrá medidas similares en otros tramos del país.
Entre los aspectos que el Gobierno suele evaluar en este tipo de sistemas se encuentran los contratos de concesión, los manuales de operación, los criterios para fijar los límites de velocidad y la forma como se notifican las multas a los propietarios de los vehículos. La revisión también puede incluir el papel de las autoridades locales que autorizan la operación de los dispositivos en su jurisdicción.
El uso de fotomultas ha generado debate público en varias ciudades del país. Sectores ciudadanos y gremios de transportadores han cuestionado la señalización, los montos de las sanciones y los convenios entre entidades públicas y operadores privados. Al mismo tiempo, las autoridades de tránsito han defendido estos sistemas como herramientas para reducir la accidentalidad.
Por ahora, el Gobierno no ha precisado un plazo para la entrega de los resultados de la revisión ni si la medida se extenderá a otros corredores. Tampoco se ha detallado si los comparendos ya impuestos por dispositivos similares serán objeto de algún tipo de verificación adicional.
La ciudadanía, en particular los conductores que usan la Vía al Mar y otras carreteras con sistemas automatizados, enfrenta un escenario de transición. El resultado de la revisión podría derivar en cambios regulatorios, ajustes a los contratos vigentes o la suspensión de más equipos mientras se resuelven las dudas sobre su legalidad y operación.