El Gobierno de Colombia expidió un decreto dirigido a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales, según informó La FM. La normativa establece nuevas obligaciones que deberán cumplir distintos actores del ecosistema de internet en el país.
El decreto se inscribe en una preocupación creciente por el uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas de videojuegos y servicios de streaming por parte de menores de edad. Organizaciones civiles y entidades de protección han advertido sobre riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y el contacto con adultos que buscan cometer delitos como la captación con fines sexuales.
Colombia ya contaba con marcos legales como la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, que fija principios de protección integral para los menores. El nuevo decreto apunta a complementar ese marco con reglas específicas para el mundo digital, que no existían cuando se redactaron esas normas.
La medida impone obligaciones a proveedores de servicios en línea, plataformas digitales y eventualmente a padres de familia y colegios. Entre las responsabilidades habituales en este tipo de regulaciones figuran la verificación de edad, la creación de cuentas especiales para menores, la limitación del tratamiento de sus datos y la disposición de canales de denuncia.
El decreto llega en un momento de debate internacional sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en la protección de menores. Países de Europa y América Latina han avanzado en los últimos años en regulaciones similares, motivados por casos de abuso sexual infantil, adicción a pantallas y afectación a la salud mental de adolescentes.
Para los padres y cuidadores, la nueva regulación podría traducirse en herramientas adicionales de control parental y en obligaciones de acompañamiento en el uso de dispositivos. Para las empresas de tecnología, implica adaptar sus productos, políticas de privacidad y términos de servicio a las exigencias del decreto colombiano.
La implementación de la norma dependerá de los reglamentos técnicos que expidan las autoridades competentes y de los plazos de transición que se otorguen a los actores obligados. También se requerirá la articulación con entidades como el Ministerio de las TIC, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Organizaciones de derechos digitales han señalado que una regulación efectiva debe equilibrarse con la garantía de derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información de los propios adolescentes. El decreto será evaluado en su aplicación concreta para medir si cumple con el propósito de reducir los riesgos sin restringir de manera desproporcionada el uso de internet por parte de los menores.
Queda pendiente conocer el texto completo del decreto, su alcance preciso, las sanciones por incumplimiento y el cronograma de implementación, aspectos que deberán socializarse con la ciudadanía y el sector tecnológico en las próximas semanas.