El Gobierno nacional expidió un decreto dirigido a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, según reportó Telepacífico, el canal de televisión pública del Occidente colombiano. La norma aparece en un contexto en el que el uso de internet y de redes sociales por parte de menores de edad se ha ampliado de forma sostenida en el país.
El decreto se inscribe en el marco de derechos que la Constitución y la legislación colombiana reconocen a los menores de edad, entre ellos el derecho a la intimidad, a la protección contra toda forma de violencia y a una vida libre de explotación. Hasta ahora, el país contaba con la Ley 1581 de 2012 sobre habeas data, con los tipos penales de pornografía infantil establecidos en el Código Penal, y con la Ley 679 de 2001 contra la explotación sexual comercial de menores. La nueva disposición busca articular ese entramado para responder a fenómenos más recientes, entre ellos el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y el contacto de adultos con fines de abuso.
Aunque el extracto de Telepacífico no detalla el articulado, el objetivo declarado es fortalecer los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a los riesgos digitales. Esto suele traducirse, en la práctica, en obligaciones más estrictas para los prestadores de servicios de internet, para las plataformas que operan en Colombia y para los propios establecimientos educativos y familias, además de ajustes en los protocolos de las autoridades competentes.
La población directamente afectada por la medida son los cerca de 12 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan el territorio colombiano, muchos de los cuales acceden a internet desde edades cada vez más tempranas a través de dispositivos propios o compartidos. También alcanza a padres, cuidadores y docentes, que en el marco de la nueva regulación podrían asumir nuevas responsabilidades en la supervisión y acompañamiento del acceso digital.
En el ámbito institucional, el decreto implica a varias entidades del Estado. El Ministerio de las TIC, el Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, suelen ser los llamados a coordinar la política de protección de menores, junto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Fiscalía General de la Nación, esta última en lo que toca con la persecución penal de los delitos asociados.
El reporte de Telepacífico no incluye reacciones de sectores gremiales, de organizaciones de la sociedad civil ni de empresas del sector tecnológico, por lo que el alcance de la discusión pública sobre la norma aún está por consolidarse. Tampoco precisa la fecha exacta de expedición ni el número del decreto, datos que deberán consultarse en el Diario Oficial para confirmar el contenido íntegro del acto administrativo.
Lo que queda pendiente es la divulgación completa del texto, la socialización con los actores involucrados y la posterior evaluación de resultados. En la práctica, el impacto de un decreto de este tipo depende de su capacidad de traducirse en acciones concretas: campañas pedagógicas, ajustes en los modelos de reporte de las plataformas, formación docente y, sobre todo, presencia efectiva del Estado en los canales digitales donde los menores están expuestos.