El Gobierno nacional expidió un decreto orientado a garantizar las condiciones en las que los comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumplen las sanciones restaurativas. Así lo informó Radio Nacional de Colombia, fuente que dio a conocer la noticia.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado tras el acuerdo de paz de 2016 con las Farc. Su función es investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en el marco del conflicto armado.
Las sanciones restaurativas son la respuesta penal que la JEP impone a quienes reconocieron verdad y responsabilidad. A diferencia de las sanciones propias, que contemplan restricciones de libertad de cinco a ocho años, las restaurativas tienen una duración de entre cinco y diez años y se cumplen a través de proyectos comunitarios, ambientales, de recuperación de infraestructura o de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Con este decreto, el Ejecutivo busca establecer lineamientos para que los comparecientes puedan desarrollar esas tareas en condiciones adecuadas. La medida apunta a la etapa en que las sanciones ya fueron impuestas y los sancionados las ejecutan en los territorios.
En la práctica, las sanciones restaurativas se traducen en obras como la limpieza de ríos, la reconstrucción de vías veredales, la siembra de especies nativas o la participación en procesos de localización de desaparecidos. Por eso, los decretos que regulan estas condiciones tienen impacto directo en las comunidades receptoras de los proyectos.
El hecho de que el Gobierno expida esta regulación ocurre en un contexto de revisión del cumplimiento de las sanciones por parte de la JEP. La Sección de Seguimiento del tribunal transicional es la encargada de verificar que los sancionados completen las tareas asignadas y de reportar eventuales incumplimientos.
La expedición del decreto abre un nuevo capítulo de coordinación entre el Gobierno y la JEP. Aunque la jurisdicción tiene autonomía, el Ejecutivo tiene competencia para fijar políticas públicas que incidan en la ejecución material de las sanciones, por ejemplo mediante la articulación con entidades territoriales y ministerios sectoriales.
Queda pendiente conocer el contenido detallado del decreto, su ámbito de aplicación, los ministerios involucrados y los plazos de implementación. También se espera la reacción de la propia JEP, de los comparecientes y de las organizaciones de víctimas, que son las directamente afectadas por el diseño de estas sanciones.
En términos de política pública, este tipo de decisiones se enmarca en los compromisos del Estado con la implementación del acuerdo de paz. El cumplimiento de las sanciones restaurativas es uno de los puntos sensibles del proceso, porque conecta la verdad judicial con la reparación simbólica y material en los territorios más golpeados por el conflicto.