El decreto, divulgado este martes, establece obligaciones específicas para instituciones educativas, familias y proveedores de servicios digitales con el fin de salvaguardar a niños y adolescentes que usan internet en Colombia. La medida fue adoptada por el Gobierno nacional y publicada a través del canal oficial, según reportó el portal Minuto60.
La norma abarca fenómenos como el ciberacoso y la explotación sexual de menores en línea, dos de los riesgos más reportados por organizaciones internacionales y autoridades de protección infantil en los últimos años. Con la expedición del decreto, el Ejecutivo busca que las plataformas, los colegios y los hogares cuenten con herramientas y protocolos de respuesta frente a estas situaciones.
Entre los cambios anunciados se incluyen responsabilidades diferenciadas para cada actor. Los colegios deberán ajustar sus manuales de convivencia y protocolos internos para atender casos que ocurran dentro y fuera de las aulas, mientras que las familias quedan llamadas a supervisar el uso de dispositivos y a reportar anomalías ante las autoridades competentes.
Las plataformas digitales, por su parte, tendrán que implementar mecanismos de verificación de edad, sistemas de reporte de contenido abusivo y canales accesibles para que los menores o sus acudientes denuncien situaciones de riesgo. Este tipo de exigencias ya hace parte de marcos regulatorios en otras jurisdicciones y ahora se incorporan al ordenamiento colombiano a través de este decreto.
El decreto llega en un contexto de creciente conectividad en el país. El acceso a internet desde teléfonos móviles y computadores se ha ampliado de manera sostenida en Colombia, lo que ha incrementado tanto las oportunidades educativas como la exposición de los menores a contenidos nocivos y a contactos no deseados con adultos.
Para las familias, la principal implicación práctica es la necesidad de informarse sobre los riesgos digitales y de configurar controles parentales o filtros de contenido. Para los colegios, la norma implica capacitar a docentes y actualizar reglamentos internos, un proceso que en muchos planteles ya se venía adelantando de forma voluntaria.
Organizaciones civiles dedicadas a la protección de la infancia han insistido en que la prevención del ciberacoso y de la explotación sexual requiere articulación entre Estado, sector privado y comunidad educativa. El decreto recoge esa preocupación al repartir responsabilidades entre plataformas, instituciones y hogares, aunque su éxito dependerá de la implementación efectiva y de la pedagogía que se haga alrededor de la norma.
Queda pendiente conocer el texto completo del decreto, su alcance regulatorio sobre las plataformas que operan desde el extranjero y los plazos de adaptación previstos para cada uno de los actores obligados. También se esperan directrices del Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC para acompañar la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones.