El Gobierno nacional emitió una resolución con medidas orientadas a reducir el riesgo de apagones en el país. La disposición se enfoca en 51 subestaciones eléctricas que presentan condiciones críticas de operación, según informó el diario El Heraldo.
De ese total, 31 subestaciones trabajan al límite de su capacidad y 20 adicionales están a punto de agotar su margen técnico disponible. El diagnóstico motivó la declaratoria de obras urgentes, lo que permite a las empresas del sector intervenir de manera prioritaria en esos puntos de la red.
La resolución contempla el fortalecimiento de la infraestructura para responder a escenarios como la presencia del fenómeno de El Niño, el crecimiento sostenido de la demanda de energía y otros eventos considerados de alto impacto. El propósito es evitar colapsos localizados o interrupciones generalizadas del servicio.
El sistema eléctrico colombiano opera con una red de transmisión y subestaciones que distribuye la energía generada en plantas hidráulicas, térmicas y, en menor proporción, fuentes no convencionales. Cuando una subestaciones supera su capacidad, el riesgo es la desconexión automática de circuitos para proteger los equipos, lo que se traduce en apagones para los usuarios finales.
Colombia ha enfrentado episodios de restricción de energía en temporadas secas prolongadas, cuando baja el nivel de los embalses y se reduce la generación hidráulica. En esas coyunturas, el margen de maniobra del sistema depende en buena medida de la disponibilidad técnica de las subestaciones y las líneas de transmisión.
La medida ordena a los operadores ejecutar inversiones y adecuaciones en el corto plazo en las subestaciones identificadas. El incumplimiento de los plazos puede activar los mecanismos de seguimiento y las sanciones previstas en la regulación vigente del sector eléctrico.
Para los usuarios residenciales, comerciales e industriales, el efecto esperado es una mayor confiabilidad del servicio, especialmente en zonas donde el crecimiento de la demanda ha superado la capacidad instalada. La resolución no modifica las tarifas ni las condiciones comerciales del servicio.
El sector empresarial, que consume cerca de un tercio de la electricidad del país, depende de un suministro estable para su operación. Cualquier restricción no programada genera pérdidas productivas y afecta cadenas de suministro sensibles a cortes prolongados.
Las autoridades del sector eléctrico deberán ahora supervisar el cronograma de obras y reportar los avances. La meta declarada es reducir la vulnerabilidad del sistema antes de la próxima temporada de bajas hidrología, cuando el riesgo de déficit de energía tiende a aumentar.
Según El Heraldo, la resolución hace parte de un paquete de acciones preventivas frente a eventos climáticos extremos. Queda pendiente conocer el detalle de los plazos, las inversiones estimadas y las subestaciones específicas incluidas en cada una de las regiones del país.