El Gobierno nacional emitió un decreto con el que arranca formalmente el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, según informó La FM. La medida llega después de que la Corte Constitucional emitiera un fallo que le quitó el sustento legal a esa cartera, creada durante el anterior Gobierno.
De acuerdo con el extracto de la fuente, el decreto establece un proceso de liquidación con un plazo de un año. En ese período se deberán definir los activos, los contratos vigentes y el personal vinculado a la entidad, mientras se reasignan las funciones a otros organismos del Estado.
La orden incluida en el documento es que las tareas que hoy cumple el Ministerio de la Igualdad pasen a otras entidades públicas. Aunque el extracto no precisa cuáles serán esas entidades receptoras, la liquidación implica que los programas sociales asociados a esa cartera deberán ser asumidos por ministerios o institutos ya existentes.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las banderas del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, con el objetivo de centralizar políticas para mujeres, jóvenes, poblaciones étnicas y personas en condición de pobreza. Su nacimiento estuvo marcado por una larga discusión en el Congreso sobre su viabilidad jurídica y su financiación.
El fallo de la Corte Constitucional que ahora origina el desmonte cuestionó aspectos formales de la creación del Ministerio. Aunque la sentencia exacta no se detalla en el extracto, la consecuencia práctica fue la pérdida de respaldo legal para que la cartera siguiera operando como tal.
Para la ciudadanía, el proceso significa un período de transición en la atención de programas sociales. Mientras se surte la liquidación, los usuarios de esos servicios deberán adaptarse a las nuevas entidades que asuman las funciones, lo que puede generar traumatismos en la continuidad de beneficios y proyectos.
La decisión también tiene implicaciones en materia laboral. Los servidores públicos del Ministerio de la Igualdad deberán ser reubicados o liquidados según las reglas que establezca el decreto, un aspecto que suele generar inquietud entre los trabajadores vinculados a entidades en proceso de cierre.
El Gobierno deberá expedir ahora los actos administrativos de detalle para ejecutar la liquidación, como inventarios, supresión de cargos y convenios de transición con las entidades que recibirán las funciones. El plazo de un año fijado en el decreto marca el horizonte máximo para completar ese proceso.
Queda pendiente conocer el texto completo del decreto y el listado de entidades que recibirán las funciones, información que será clave para medir el impacto real del desmonte en la población beneficiaria de los programas del Ministerio de la Igualdad.
La FM es la fuente de esta información. Cualquier avance sobre el cronograma de liquidación, las entidades receptoras y la situación del personal deberá consultarse en los siguientes actos administrativos que publique el Gobierno nacional.