El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0626 para ordenar la liquidación del Ministerio de Igualdad, según informó la fuente abceconomia.co. La medida se adopta después de que la Corte Constitucional diera un plazo para que la entidad fuera reorganizada o suprimida.
El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas centrales del anterior gobierno para atender de manera directa a poblaciones históricamente discriminadas en Colombia. Entre sus funciones estaban el diseño y la ejecución de políticas orientadas a cerrar brechas de género, étnicas y territoriales.
La Corte Constitucional estudió la conformación del Ministerio y sus decretos de creación. El tribunal concluyó que la entidad necesitaba una reorganización administrativa para cumplir con los principios de la función pública. Con el vencimiento del plazo ordenado, el Ejecutivo procedió a expedir el decreto de liquidación.
Con el Decreto 0626 se ordena el proceso de supresión de la planta de personal, la entrega de archivos, la finalización de contratos y la transferencia de los compromisos presupuestales pendientes. Estos trámites deben adelantarse en el marco de la normativa vigente para la liquidación de entidades del Estado.
La liquidación del Ministerio plantea un traslado de varias de sus líneas de trabajo a otras entidades del orden nacional. Programas y políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas y poblaciones vulnerables deberán reubicarse en ministerios o agencias ya existentes durante el periodo de transición.
La decisión tiene impacto directo sobre los servidores públicos que hacían parte de la planta del Ministerio, así como sobre los contratistas y beneficiarios de los programas que venía ejecutando la entidad. El decreto fija los lineamientos para garantizar la continuidad de los servicios mientras se completa el proceso.
Desde el punto de vista presupuestal, la liquidación implica el cierre de una sección del Presupuesto General de la Nación. Los recursos que estaban asignados al Ministerio deberán reasignarse o regresar a la Tesorería, según lo determine el Ministerio de Hacienda en el cierre fiscal.
En el plano político, la supresión del Ministerio de Igualdad reabre el debate sobre la arquitectura institucional del Estado para la atención de poblaciones vulnerables. Sectores sociales y organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca el proceso, dado que varias de las funciones del Ministerio son transversales a otras carteras.
La Corte Constitucional había advertido que la organización interna del Ministerio no se ajustaba a los requisitos legales. Con la expedición del Decreto 0626, el Gobierno cumple la orden del alto tribunal y da por terminada la existencia legal de la entidad, en un proceso que se extiende hasta la finalización total del liquidador designado.
Queda pendiente el seguimiento al proceso de liquidación por parte de los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, así como la verificación de que las políticas trasladadas a otras entidades mantengan su enfoque y su financiación en los próximos ejercicios presupuestales.