El Gobierno nacional expidió un decreto que elimina el cobro de la expedición y modificación del registro civil para personas trans y no binarias en Colombia. La medida quedó plasmada en un acto administrativo firmado por el saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, según reportó Caracol Radio. Con este trámite, la población concernée podrá ajustar su documento de identidad sin asumir tarifas adicionales.
El cambio en el registro civil es un procedimiento que la Registraduría Nacional del Estado Civil viene adelantando desde la expedición de sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que reconocieron el derecho a la identidad de las personas trans. Dichos fallos ordenaron al Estado colombiano permitir la modificación del componente de sexo en los documentos de identificación. Hasta ahora, el proceso se podía hacer formalmente, pero implicaba el pago de tasas que en algunos casos superaban las posibilidades económicas de los solicitantes.
Con el decreto, el Gobierno pretende garantizar que la gratuidad del trámite llegue a toda la población trans y no binaria del país. La medida elimina las tarifas que antes se debían cancelar por concepto de copias, certificaciones y procedimientos asociados a la actualización del registro civil. El objetivo es remover una barrera económica que, según organizaciones de derechos humanos, había limitado el acceso a la documentación formal.
La decisión tiene impacto directo sobre la vida cotidiana de miles de colombianos y colombianas cuya documentación no refleja su identidad de género. Contar con un documento actualizado facilita el acceso a servicios de salud, la apertura de cuentas bancarias, la realización de trámites notariales y el reconocimiento de derechos en escenarios laborales y educativos. También reduce el riesgo de exposición a situaciones de discriminación cuando el documento es presentado ante autoridades o entidades privadas.
El decreto se expidió en el tramo final del gobierno del presidente Gustavo Petro, periodo en el cual la administración impulsó una serie de políticas públicas orientadas al reconocimiento de los derechos de las comunidades LGBTI. El Ministerio de Justicia, a cargo de Cuervo antes de su salida, fue la entidad que lideró la estructuración del acto administrativo. La firma se produjo en un momento de transición ministerial, lo que abre preguntas sobre la continuidad de los ajustes técnicos y operativos del proceso.
En el marco del cambio de gobierno, una de las tareas pendientes será asegurar que la Registraduría y las notarías del país implementen el decreto de manera uniforme. La norma requiere protocolos claros para la atención al público, la actualización de sistemas y la capacitación de funcionarios encargados del trámite. También será necesario definir cómo se cubrirán los costos que dejará de pagar la ciudadanía, con el fin de sostener financieramente el servicio.
Para los colectivos trans y no binarios, la gratuidad del trámite representa un avance en la lucha por la garantía plena del derecho a la identidad. Organizaciones que acompañan a esta población venían solicitando desde hace años la eliminación de cobros asociados al procedimiento. La medida se inscribe en la tendencia regional de remover barreras económicas para el acceso a documentos de identidad.
Queda por delante el seguimiento a la implementación efectiva del decreto en todo el territorio nacional. La población y las veedurías ciudadanas estarán atentas al tiempo que tarde la Registraduría en aplicar la tarifa cero y a la calidad de la atención brindada. El siguiente paso será la divulgación masiva de los requisitos y los puntos de atención habilitados para realizar el cambio de registro civil sin costo.