Según informó el Gobierno nacional, el decreto 652 de 2026 fija las condiciones institucionales que el Estado debe garantizar a los comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante el cumplimiento de las sanciones restaurativas. El objetivo, de acuerdo con la información oficial, es que estas personas puedan ejecutar los proyectos impuestos por la jurisdicción y, con ello, materializar las sentencias.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. Su tarea es investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de delitos graves cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por parte de excombatientes como de agentes del Estado.
En sus sentencias, la JEP ha impuesto sanciones propias, que combinan la restricción efectiva de la libertad con la ejecución de proyectos restaurativos y trabajos comunitarios orientados a reparar a las víctimas y reconstruir el tejido social en los territorios más afectados por la guerra.
El decreto publicado recientemente precisa las responsabilidades que distintas entidades del Estado deben asumir para que los comparecientes puedan llevar a cabo esos proyectos. Esto incluye, entre otros aspectos, las condiciones logísticas, de seguridad y de acompañamiento institucional durante el periodo de cumplimiento de la sanción.
La medida también busca dar una respuesta operativa a uno de los retos prácticos que ha enfrentado la JEP desde que empezó a imponer sanciones: la articulación entre la jurisdicción y las entidades del nivel nacional y territorial, así como con las comunidades que reciben los proyectos restaurativos.
Para las víctimas del conflicto, la expedición de este decreto es relevante porque las sanciones restaurativas tienen como eje la reparación simbólica y material. Los proyectos suelen incluir, por ejemplo, la recuperación de infraestructura comunitaria, la participación en programas de búsqueda de personas desaparecidas y acciones de dignificación de las víctimas.
Para los comparecientes, la norma tiene efectos directos en las condiciones bajo las cuales cumplen sus condenas, lo que incide en la duración efectiva de las restricciones de libertad y en el acceso a los beneficios contemplados en el marco normativo de la justicia transicional, siempre que se verifiquen los presupuestos legales correspondientes.
De acuerdo con la fuente, el Gobierno enmarca esta decisión en la necesidad de avanzar en la implementación efectiva de las sentencias de la JEP, luego de varios años en los que la jurisdicción ha emitido resoluciones y fallos en distintos casos, entre ellos los relacionados con el secuestro, la situación del partido Unión Patriótica y la violencia en el Catatumbo.
Con el decreto, distintas entidades deberán definir protocolos, presupuestos y rutas de trabajo para acompañar la ejecución de los proyectos restaurativos en los próximos meses. El seguimiento a su implementación y los resultados que arroje en la práctica serán clave para medir si las condiciones prometidas se traducen en un cumplimiento efectivo de las sanciones.
El siguiente paso, según lo previsto por la Jurisdicción Especial para la Paz y por el Gobierno, es la articulación con las comunidades y las autoridades locales donde se ejecutarán los proyectos, de modo que las sanciones restaurativas puedan avanzar sin contratiempos y con la participación de las víctimas.