El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el decreto que pone orden al mercado de bonos de carbono en Colombia, según reportó El Espectador. La medida se conoce en la última semana del actual periodo de gobierno, lo que abrió el debate sobre la pertinencia de expedir una norma de este calibre sobre el cierre del calendario administrativo.
Hasta ahora, Colombia contaba con proyectos de carbono forestal y energético que se transaban en mercados internacionales y, en menor medida, dentro del país. La ausencia de un reglamento nacional hacía que cada iniciativa se rigiera por estándares externos o por acuerdos privados entre compradores y vendedores. Con este decreto, el Ministerio busca unificar las reglas de juego y dar certidumbre a quienes participan en el negocio.
El sector productivo venía pidiendo claridad regulatoria desde hace varios años. Empresas de sectores como energía, manufactura y servicios financieros querían saber cómo certificar reducciones de emisiones, cómo verificarlas y cómo registrarlas. La nueva reglamentación, según la información publicada por El Espectador, responde a esa demanda y establece el procedimiento que deberán seguir los interesados.
La norma también tiene implicaciones para las comunidades étnicas y campesinas que custodian bosques y páramos. En varios departamentos, estas poblaciones participan en proyectos que reciben ingresos por evitar la deforestación. Con un mercado regulado, los esquemas podrían escalar, aunque también quedarán sometidos a controles de transparencia y trazabilidad que antes no existían.
Para los compradores, el decreto abre la puerta a un mercado interno más formal. Industrias que necesitan compensar emisiones podrán adquirir bonos verificados en el país, sin recurrir exclusivamente a certificaciones internacionales. Eso podría reducir costos y facilitar la trazabilidad de los recursos, siempre que la autoridad ambiental asegure el cumplimiento de los compromisos.
El Ministerio de Ambiente será la entidad encargada de administrar la plataforma de registro y de supervisar a los verificadores. Las sanciones por doble contabilidad o por venta de bonos sin respaldo quedaron tipificadas en la norma, según el extracto publicado por El Espectador. Esa parte del decreto fue destacada por gremios ambientales, que venían denunciando casos de opacidad.
En el plano internacional, Colombia se suma al grupo de países latinoamericanos que han regulado sus mercados domésticos de carbono. Chile y México ya cuentan con sistemas similares, aunque con enfoques distintos. La reglamentación colombiana se inscribe en los compromisos adquiridos por el país en el marco del Acuerdo de París y en la meta de reducir emisiones.
Sectores críticos argumentaron que expedir el decreto en los últimos días del gobierno deja poco margen para ajustes técnicos. Pidieron que la norma entrara en vigencia con un periodo de transición amplio, para que empresas y comunidades puedan adaptarse. El Espectador no reportó reacciones oficiales del Ministerio frente a estas observaciones, más allá de la publicación del texto.
Queda pendiente ver cómo se articulan los bonos de carbono regulados con los impuestos y tasas ambientales ya existentes, y de qué manera el Ministerio de Ambiente garantizará que los recursos lleguen efectivamente a quienes conservan los bosques. La implementación del decreto será, en los próximos meses, el termómetro para medir si la norma cumple su propósito.
Por ahora, el decreto marca un punto de partida. Con reglas claras, el país podrá atraer inversión privada hacia proyectos de mitigación, aunque el éxito dependerá de la capacidad institucional para verificar cada tonelada de CO₂ que se comercialice dentro del nuevo esquema.