El Gobierno nacional presentó ante distintos sectores una propuesta para modificar las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones públicas en Colombia. El proyecto, según reportó NotiPregonar, se encuentra en etapa de formulación y apunta a redefinir los protocolos de intervención policial y militar en escenarios de protesta social.
Las actuales reglas de actuación de la Fuerza Pública frente a las protestas se remontan a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Defensa en los últimos años, que han sido objeto de revisión tras episodios de uso de la fuerza en medio de manifestaciones. La nueva iniciativa recoge parte de las recomendaciones formuladas por organismos de derechos humanos y misiones internacionales que han observado el comportamiento de las fuerzas del Estado en este tipo de escenarios.
La propuesta contempla, entre sus ejes, criterios sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, los límites a la intervención de las fuerzas militares en tareas de control urbano y los protocolos de protección a los periodistas y a las personas que ejercen el derecho a la reunión. Estos puntos forman parte de la discusión pública que han promovido organizaciones civiles y entidades como la Defensoría del Pueblo desde 2019.
En el plano institucional, la iniciativa involucra al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, en su condición de fuerza civil responsable del manejo de las alteraciones al orden público. El carácter civil de la Policía fue establecido por el artículo 218 de la Constitución Política, que define a este cuerpo como un cuerpo armado de naturaleza no deliberante.
Para la ciudadanía, una eventual reforma de estas reglas tiene efectos directos en la forma como se garantizan derechos fundamentales como la reunión, la libre circulación y la protesta pacífica, reconocidos en los artículos 37 y 38 de la Constitución. Los protocolos de actuación determinan cuándo una manifestación puede ser disuelta, bajo qué condiciones y con qué tipo de respuesta institucional.
El Gobierno ha subrayado que el propósito de la modificación es ajustar los manuales a estándares internacionales de derechos humanos, en particular a los principios sobre el uso de la fuerza establecidos por las Naciones Unidas. Las misiones de observación también han señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas frente a posibles excesos.
Organizaciones de derechos humanos han insistido en que cualquier cambio normativo debe ir acompañado de un componente de formación, seguimiento y evaluación, que permita medir los resultados de los nuevos protocolos. También han planteado la importancia de fortalecer la participación de la sociedad civil en la veeduría del uso de la fuerza en contextos de protesta.
La propuesta aún debe surtir un proceso de socialización con diferentes actores antes de su adopción formal. Expertos en seguridad y derechos humanos han sido convocados a mesas de trabajo para aportar al texto definitivo. El Gobierno no ha precisado una fecha de entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio.
En el contexto regional, varios países de América Latina han emprendido reformas similares en sus protocolos de actuación policial, en respuesta a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Colombia, por la magnitud y recurrencia de sus jornadas de protesta, ha sido uno de los escenarios donde este debate ha tenido mayor visibilidad en los últimos años.