El Gobierno Nacional objetó dos proyectos de ley que buscaban regular los requisitos para acceder a cargos directivos del Estado, de acuerdo con lo informado por La FM. La decisión se conoce luego de que el Centro Democrático impulsara una de esas iniciativas en el Congreso, con el propósito de unificar reglas para los perfiles que ocupan puestos de mando en entidades públicas.
Según la explicación oficial recogida por La FM, el Ejecutivo considera que ya rige el Decreto 770 de 2005, norma que establece los requisitos mínimos para el desempeño de cargos públicos. Esa es la razón central que el Gobierno puso sobre la mesa para objetar los proyectos, al argumentar que la nueva ley generaría una capa normativa paralela sin aportar cambios sustantivos.
Además del argumento jurídico, el Gobierno advirtió que la aprobación de los proyectos añadiría trámites adicionales. En su lectura, la nueva legislación impondría procesos que ya están contenidos en la normatividad vigente y que, por tanto, recargarían la gestión administrativa sin beneficio claro para la ciudadanía ni para el funcionamiento de las instituciones.
El Decreto 770 de 2005 es la norma de referencia para la clasificación y los requisitos de los empleos del sector público colombiano. Su existencia es el punto de partida del debate, pues mientras el Gobierno lo presenta como un instrumento suficiente, los proponentes de los proyectos han considerado que hace falta una actualización de los criterios de idoneidad, experiencia y formación para los cargos de dirección.
Para la ciudadanía, el impacto de esta discusión es indirecto pero relevante. Los requisitos para los cargos directivos determinan quién llega a liderar entidades que prestan servicios de salud, educación, seguridad y trámites administrativos. Cambios en esas reglas, o la confirmación de las vigentes, influyen en la calidad de la gestión pública y en la toma de decisiones que afectan a millones de personas en regiones y ciudades.
El hecho de que las objeciones provengan del Gobierno y los proyectos del Centro Democrático deja ver una tensión política sobre el rol del Congreso en la regulación del empleo público. Para la colectividad política autora, la actualización era una manera de profesionalizar la función directiva. Para el Ejecutivo, el paso siguiente es defender la objeción ante el Congreso, donde se requiere una votación mayoritaria para insistir en el proyecto o archivarlo.
En el proceso legislativo vigente, cuando un Gobierno objeta un proyecto, el Congreso puede aceptar la objeción y archivarlo, o rechazarla e insistir en la aprobación original. El siguiente paso, según el procedimiento, es el estudio de la objeción en las comisiones y plenarias correspondientes, un trámite que reabre el debate sobre la pertinencia de expedir una nueva ley de requisitos en lugar de ajustar el decreto vigente.
La discusión queda abierta mientras se surten los debates en el Congreso. Por ahora, los efectos prácticos para los ciudadanos son nulos, porque el Decreto 770 de 2005 sigue siendo la norma aplicable. Lo que está en juego es si el país seguirá regulando los cargos directivos por decreto o si el Congreso entrará a fijar por ley esas reglas, un debate con consecuencias sobre la estabilidad normativa del empleo público.
La FM reportó la explicación del Gobierno y es la fuente de esta información. Quedan pendientes las reacciones del Centro Democrático y de los demás partidos frente a la objeción, así como la decisión que tome el Congreso en las próximas semanas.