El Gobierno Nacional firmó el decreto que da inicio formal a la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, según reportó El Colombiano. El acto administrativo abre la etapa de supresión de la entidad, que hasta ahora funcionaba como dependencia del orden nacional con presupuesto propio.
El Ministerio de Igualdad fue una de las apuestas institucionales más visibles del gobierno de Gustavo Petro. Se creó con el propósito de articular políticas para mujeres, comunidades étnicas, población LGBTI, personas con discapacidad, jóvenes y otros grupos históricamente marginados. Su puesta en marcha fue gradual y concentró buena parte del debate sobre la estructura del Estado durante el cuatrienio anterior.
La liquidación no significa una desaparición inmediata de los programas sociales. Lo que establece el decreto es un cronograma de transición en el que se definen responsables temporales, se inventarían los contratos vigentes y se trasladan funciones a otras entidades del Estado. Ese proceso suele tardar varios meses e incluye la rendición de cuentas sobre los recursos ejecutados.
El decreto traslada buena parte de la oferta institucional a ministerios ya existentes. Programas de atención a víctimas, equidad de género, inclusión productiva y derechos de pueblos étnicos deberán reubicarse en dependencias como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el DPS. Esa reasignación es una de las partes más sensibles del proceso, porque define qué entidad asume cada línea de trabajo.
Para los servidores públicos vinculados a la entidad, la liquidación abre una etapa de incertidumbre laboral. Por ley, durante el proceso los empleados tienen estabilidad temporal mientras se define su reubicación o, en caso extremo, su retiro. Los sindicatos del sector suelen vigilar de cerca estos pasos para evitar despidos masivos y garantizar el pago de prestaciones.
La medida también tiene implicaciones políticas. El Ministerio de Igualdad fue una de las banderas del proyecto político de Petro y concentrar buena parte de la discusión sobre derechos en una sola cartera generó críticas y defensas. Su liquidación es vista por unos como una devolución de funciones a ministerios con más trayectoria, y por otros como un debilitamiento de la agenda de equidad.
Para la ciudadanía, el impacto depende de cómo se concrete el traslado. Organizaciones sociales y plataformas de derechos han pedido que cada programa conserve su línea presupuestal y su equipo técnico durante la transición. El decreto fija el inicio del proceso, pero las decisiones finales sobre reasignación de funciones y recursos se conocerán en las próximas semanas.
El siguiente paso será la expedición de actos administrativos que nombren al liquidador, aprueben el cronograma detallado y regulen la entrega de archivos y bases de datos a las entidades receptoras. Hasta que ese proceso culmine, los programas vigentes deben seguir operando, según el principio de continuidad del servicio público.