El Ministerio de Transporte ordenó la suspensión por tres meses de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), una figura creada para centralizar y modernizar los exámenes que deben aprobar los aspirantes a obtener la licencia de conducción en el país. La medida también cobija el contrato a 20 años suscrito con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), entidad que estaba llamada a operar esos centros, según reportó Pulzo.
La suspensión implica una pausa temporal en un esquema que venía siendo promocionado como un paso hacia la digitalización y estandarización de las pruebas. Con los CALE fuera de operación por un trimestre, el Ministerio tendrá margen para revisar el alcance del acuerdo, sus condiciones técnicas y la conveniencia del modelo antes de que la UNAD asuma funciones permanentes.
El contrato entre el Ministerio y la UNAD contemplaba una vigencia de dos décadas, un plazo inusual en contratos del sector público colombiano y que suele llamar la atención de los organismos de control por la rigidez que impone a futuras administraciones. La decisión de frenar ese acuerdo sugiere que la cartera ministerial busca ajustar los términos o explorar operadores alternativos antes de que se consolide la operación.
En la práctica, la suspensión de los CALE afecta a los ciudadanos que estaban próximos a presentar sus pruebas en esos centros, quienes deberán esperar a que se defina el futuro del modelo o, en su defecto, seguir realizando el trámite por los canales tradicionales habilitados por las autoridades de tránsito. Las escuelas de conducción y los centros de enseñanza automovilística también quedan a la expectativa, pues la transición hacia los CALE implicaba ajustes en su relación con los organismos de evaluación.
La decisión llega en un contexto de debate sobre la transparencia y la calidad en la emisión de licencias de conducción en Colombia, un tema sensible por su vínculo directo con la seguridad vial. Los CALE fueron concebidos como una herramienta para reducir la improvisación en los exámenes y unificar criterios, pero su implementación ha estado rodeada de cuestionamientos sobre los tiempos, los costos y la capacidad de la UNAD para asumir un volumen nacional de evaluaciones.
En el sector transporte, los contratos de largo plazo con operadores específicos suelen estar bajo la lupa de la Contraloría y la Procuraduría, especialmente cuando comprometen recursos públicos por períodos que exceden varios periodos de gobierno. La suspensión de tres meses abre una ventana para que esos organismos, así como la ciudadanía, puedan conocer los detalles del acuerdo y evaluar su pertinencia.
A la espera de que el Ministerio de Transporte publique los argumentos formales de la suspensión, la expectativa está puesta en si la cartera optará por modificar las condiciones del contrato, abrir un nuevo proceso de selección o replantear de fondo el modelo CALE. Por ahora, los conductores y las escuelas de conducción deben prepararse para un trimestre de transición en el que el sistema operará, en lo esencial, como lo hacía antes del acuerdo con la UNAD.