El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que su Gobierno ha firmado 70 extradiciones en apenas 32 días desde el inicio de su mandato. El dato lo divulgó Caracol Radio, que recogió las declaraciones del jefe de Estado sobre el ritmo de la política extraditadora.
Según la misma fuente, De La Espriella aseguró que la entrega de nacionales solicitados por otros países no se frenará. “No vamos a parar hasta que los derrotemos”, fue la frase que pronunció al referirse a las organizaciones dedicadas al narcotráfico que han sido objeto de estas solicitudes.
La extradición de nacionales colombianos está regulada por la Constitución y por el Código de Procedimiento Penal. El presidente de la República tiene la facultad de firmar, previa solicitud de un Estado extranjero y con el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, la resolución que materializa la entrega del solicitado.
En las últimas décadas, la extradiciones han sido una pieza central de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, así como con otros países. El instrumento se ha usado de manera creciente contra cabecillas de grupos armados ilegales y estructuras dedicadas al tráfico de drogas, que son extraditados para ser juzgados por la justicia del país requirente.
La cifra de 70 extradiciones en 32 días, si se mantiene la tendencia, proyecta un volumen anual superior al de períodos anteriores. Ese ritmo depende de la continuidad de los conceptos favorables de la Corte Suprema y de las solicitudes formales que lleguen de los Estados requirentes, que son los dos filtros previos a la firma presidencial.
La declaración del presidente se inscribe en la línea de la actual política de seguridad, que prioriza la persecución judicial transnacional de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Al ubicar la meta como “derrotarlos”, el Gobierno planteó la entrega de extraditables como una herramienta de debilitamiento de esas estructuras dentro del territorio colombiano.
Para la ciudadanía, una política activa de extradiciones tiene efectos directos en el sistema judicial, porque buena parte de los juicios por narcotráfico se trasladan a cortes extranjeras. También impacta la dinámica de las organizaciones criminales, porque la salida de sus líderes suele alterar las cadenas de mando y los procesos judiciales internos abiertos contra ellos.
Queda por verse cuántas de esas 70 extradiciones ya se hicieron efectivas y cuántas quedaron firmadas en fase de revisión por la Corte Suprema. El Gobierno también deberá detallar los criterios usados para priorizar unas solicitudes sobre otras, en un contexto en el que la lista de extraditables suele incluir a miembros de varias organizaciones armadas.
Por ahora, la confirmación del presidente deja sobre la mesa un compromiso de continuidad: la firma de extradiciones seguirá al ritmo actual, según lo anunció, hasta cumplir el objetivo de “derrotar” a las estructuras a las que apunta la política de seguridad del Ejecutivo.