Ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro de Justicia, Iván Cancino, expuso los lineamientos del Gobierno para un eventual plan piloto de aspersión aérea contra cultivos de uso ilícito. El funcionario dejó claro que la iniciativa no se concibe como un ejercicio experimental, según reportó Infobae.
La aspersión aérea fue suspendida en Colombia en 2015 tras una decisión de la Corte Constitucional, que ordenó protocolos de verificación previa sobre los posibles impactos ambientales y en la salud. Desde entonces, el país enfrenta el debate sobre cómo retomar esa herramienta en el marco del combate al narcotráfico, sin afectar a poblaciones ni ecosistemas vulnerables.
Según lo explicado por Cancino, en el procedimiento de verificación participan varias entidades del Estado, cada una con un rol específico. El objetivo, de acuerdo con el ministro, es que el eventual piloto cumpla con los estándares técnicos y jurídicos exigidos por la Constitución antes de cualquier aplicación en territorio.
El jefe de la cartera de Justicia también mencionó que el Ejecutivo contempla otras alternativas para enfrentar los narcocultivos. Entre las opciones discutidas en sesiones anteriores del Congreso figuran la sustitución voluntaria, la erradicación manual con apoyo de la Fuerza Pública y los programas de desarrollo rural enfocados en zonas afectadas por economías ilegales.
La advertencia de que “no es para experimentar” apunta a fijar un piso de seriedad técnica y operativa. Cancino insistió en que cualquier paso en esa dirección requiere un proceso riguroso, con responsables identificados y controles que permitan evaluar resultados.
La posición del Gobierno llega en un momento en que distintos sectores, tanto dentro como fuera del Congreso, piden respuestas frente al aumento de áreas sembradas con coca reportado en los últimos años. Organizaciones de derechos humanos y comunidades rurales, por su parte, han reclamado que cualquier intervención aérea esté respaldada por estudios independientes.
Durante su exposición, el ministro también respondió a las preguntas de los congresistas sobre los tiempos del proceso y los criterios técnicos que se tendrán en cuenta para autorizar o descartar la aspersión. No se entregó una fecha concreta para el inicio del piloto, lo que deja el cronograma sujeto a los resultados de la verificación institucional.
El siguiente paso será que las entidades designadas avancen en sus análisis y entreguen reportes al Ministerio de Justicia y al Gobierno nacional. Con esos insumos, según lo expresado por Cancino, se definirá si el país avanza o no en un programa de aspersión aérea que cumpla con los estándares exigidos por la Constitución y por la comunidad internacional.