El Gobierno colombiano oficializó el inicio del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad a través del decreto 0626 de 2026, según informó Vanguardia. Con ese acto administrativo se activa el cronograma para desmontar la estructura de la entidad y trasladar o suprimir sus funciones.
El Ministerio de la Igualdad fue creado durante el gobierno anterior como una cartera dedicada a atender las poblaciones más vulnerables del país, entre ellas mujeres, comunidades étnicas y sectores históricamente marginados. Su puesta en marcha estuvo rodeada de expectativas por el alcance de su misión, y su funcionamiento dependió en buena parte de contratistas y personal por órdenes de prestación de servicios.
La liquidación llega en medio de protestas laborales de quienes trabajaron en la entidad. Trabajadores y contratistas han reclamado el pago de salarios y prestaciones, así como la falta de claridad sobre su situación una vez se concrete el cierre. Las manifestaciones suman presión política al proceso.
El decreto fija el marco legal para que la entidad entre en una etapa de transición. Durante ese periodo, un liquidador se encarga de inventariar bienes, atender pasivos laborales y resolver los contratos vigentes. Las funciones que no se trasladen a otras dependencias quedarán sin responsable directo.
La determinación obliga a reorganizar la oferta institucional dirigida a poblaciones vulnerables. Programas y proyectos que venían operando desde el Ministerio de la Igualdad deberán ser reubicados en otras entidades o terminar su ejecución con el cierre. La ciudadanía que recibía atención directa puede verse afectada si no se define con rapidez esa transición.
Desde el sector laboral los reclamos apuntan a la garantía del pago de acreencias y a la continuidad de las relaciones contractuales hasta la terminación ordenada del proceso. Los empleados piden respuestas concretas sobre fechas de pago y mecanismos de estabilidad.
En el plano político, la liquidación del Ministerio de la Igualdad marca un giro en la estructura del Estado. Supone la eliminación de una cartera creada hace pocos años, lo que reabre el debate sobre el tamaño del aparato estatal y la prioridad asignada a la política de equidad.
Queda pendiente que el Gobierno detalle el cronograma completo del proceso, los mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores y la ruta que seguirán los programas sociales. Las próximas semanas serán decisivas para definir cómo se concreta el cierre y qué entidades asumen las funciones restantes.