El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López,Comparecencia ante el Senado de la República expuso ante el Senado de la República que las organizaciones armadas ilegales recurren al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander, y el departamento del Guaviare. La afirmación fue hecha durante una sesión de control político en el Legislativo.
Según la versión recogida por Infobae, el ministro sostuvo que esa práctica busca específicamente impedir el accionar de la Fuerza Pública. En sus palabras, recogidas por el medio, "quien pone en riesgo a los menores de edad en campamentos es la estructura criminal", una frase que el Gobierno utilizó para justificar los bombardeos recientes contra esos campamentos.
El Catatumbo y el Guaviare son dos de las zonas históricamente más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en Colombia. En el Catatumbo confluyen facciones del ELN, disidencias de las antiguas FARC y otros grupos vinculados al narcotráfico, mientras que en el Guaviare hacen presencia estructuras disidentes que surgieron tras el acuerdo de paz de 2016.
El reclutamiento de menores por parte de grupos armados es una práctica documentada de manera persistente en Colombia y constituye una grave violación de los derechos de la infancia, tipificada en el Código Penal colombiano y en instrumentos internacionales como el Derecho Internacional Humanitario. Organizaciones de derechos humanos han alertado durante años sobre la magnitud del fenómeno en zonas de conflicto.
La declaración del ministro se produce en un momento de debate público sobre los bombardeos a campamentos donde, según distintas denuncias, podrían haber estado presentes menores de edad. La postura del Ministerio de Defensa es que la responsabilidad de cualquier riesgo sobre los niños recae en las organizaciones armadas, al usarlos como parte de su esquema de protección.
La sesión en el Senado forma parte de los mecanismos de control político previstos en la Constitución, mediante los cuales el Legislativo cita a los ministros para que expliquen decisiones del Ejecutivo. La intervención de Mora López buscaba, según el contexto reportado, responder a cuestionamientos sobre la estrategia militar y la protección de la población civil en esas zonas.
Para los habitantes del Catatumbo y el Guaviare, la presencia de menores en campamentos armados no es solo un dato del debate político, sino una realidad cotidiana que afecta a las comunidades rurales, limita el acceso de los jóvenes a la educación y profundiza el desplazamiento forzado en municipios ya golpeados por la violencia.
Organismos como la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han reiterado en distintas oportunidades que el reclutamiento forzado de menores es uno de los indicadores más sensibles del conflicto armado interno y un factor que alimenta el ciclo de violencia en los territorios.
Por ahora, la discusión queda abierta en el Congreso, donde distintos sectores han pedido explicaciones adicionales sobre los protocolos employed en los operativos aéreos y sobre las medidas de protección a la infancia en las zonas donde el Estado desarrolla operaciones militares ofensivas.