El Gobierno nacional anunció el cierre de las mesas de diálogo con grupos armados al margen de la ley y fijó un ultimátum con dos opciones: sometimiento a la justicia o confrontación con la fuerza pública. La decisión marca un giro en la política de seguridad frente a esas organizaciones, según reportó Infobae.
De acuerdo con el extracto publicado por Infobae, el Ejecutivo sostuvo que, durante el mandato de Gustavo Petro, las estructuras armadas ilegales ampliaron su presencia territorial y su capacidad operativa. En ese mismo período, agregó la fuente, se habrían incrementado los ataques contra civiles, militares y policías, aun cuando se mantenían abiertas las mesas de negociación.
La diferencia entre los acercamientos de la etapa anterior y la postura actual radica en el método. Mientras el camino previo privilegiaba conversaciones con voceros de esas organizaciones, la nueva directriz condiciona cualquier salida a que los grupos se sometan formalmente a la justicia ordinaria. El Gobierno no anunció, según el extracto, una fecha límite específica ni los nombres de las estructuras convocadas, por lo que esos detalles quedan por definirse.
El anuncio tiene implicaciones directas para la población civil en zonas donde esos grupos hacen presencia. En esos territorios, los habitantes suelen quedar atrapados entre los combates, las restricciones a la movilidad y las amenazas de los armados. Cualquier intensification de la confrontación militar suele traducirse en desplazamientos forzados, confinamientos y afectaciones a economías locales dependientes de la agricultura y el comercio minorista.
Para las Fuerzas Militares y la Policía, la nueva directriz supone un cambio en el marco operativo. Si las mesas ya no existen como canal, las acciones contra esas estructuras dependerán exclusivamente de operaciones de seguridad. Eso implica mayor desgaste logístico, mayor exposición de uniformados y la necesidad de reglas de engagement claras para proteger a la población no combatiente.
Sectores políticos y analistas venían debatiendo si los diálogos de los últimos años habían servido para reducir la violencia o, por el contrario, habían dado tiempo a los grupos para reorganizarse. El extracto de Infobae registra la lectura del Gobierno actual: durante ese período crecieron la presencia territorial, la capacidad operativa y los ataques contra la fuerza pública y la población civil, una evaluación que seguramente será discutida por quienes defendieron la vía negociada.
La postura del Gobierno también se proyecta hacia el exterior y hacia los organismos internacionales que acompañaron los diálogos. Cooperaciones en materia de desmovilización, verificación y justicia transicional suelen condicionarse a la existencia de un proceso formal. Con las mesas cerradas, esos esquemas quedan en revisión y dependerán de cómo se estructuren los eventuales acuerdos de sometimiento individual o colectivo.
Quedan varios frentes abiertos. Falta precisar a qué grupos aplica el ultimátum, si habrá excepciones, cómo se articularán los mecanismos de sometimiento a la justicia y qué papel jugará la Fiscalía en eventuales procesos. También está por verse si las organizaciones armadas responden con gestos de acatamiento o con escaladas de violencia. Por ahora, el Gobierno puso sobre la mesa una disyuntiva clara y el reloj empieza a correr.
Fuente: Infobae.