El Gobierno nacional le asignó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, la responsabilidad de llevar adelante la delimitación del páramo de Santurbán, según informó CAMBIO Colombia. La noticia llega en un momento de expectativa sobre uno de los expedientes ambientales más sensibles del país, en el que se cruzan la protección de ecosistemas estratégicos y la actividad económica regional.
Santurbán es uno de los páramos más estudiados de Colombia. Alberga fuentes de agua que abastecen acueductos municipales y proyectos de acueductos veredales en Santander y Norte de Santander, y ha sido objeto de debates judiciales y administrativos desde hace más de una década. La delimitación es el instrumento que define hasta dónde se extiende el ecosistema y, por tanto, dónde rigen las restricciones a la minería y otras actividades.
Que el encargo recaiga en el Ministerio de Agricultura genera atención por la naturaleza del expediente. La cartera agropecuaria representa los intereses del sector rural, mientras que las decisiones sobre páramos suelen discutirse entre el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y los tribunales. Sectores ambientalistas suelen pedir que la voz dominante en estos procesos sea la ambiental, no la agropecuaria.
Al mismo tiempo, las regiones donde se ubica Santurbán dependen económicamente de la minería, sobre todo la de oro, y de actividades agrícolas y pecuarias. Una delimitación restrictiva puede afectar fuentes de empleo e ingresos locales, mientras que una más amplia suele ser interpretada por las comunidades como un límite a su desarrollo. Por eso el tema suele generar marchas, tutelas y fallos en tensión.
Hasta ahora no se conocen detalles técnicos del encargo al ministro Dangond ni los plazos fijados. Tampoco se ha precisado si el Ministerio de Ambiente conservará un rol protagónico en el proceso o si quedará en una función de acompañamiento. La opacidad inicial suele alimentar la desconfianza entre los distintos sectores que siguen el expediente.
El proceso de delimitación tiene antecedentes judiciales. En 2016 el Tribunal Administrativo de Santander suspendió temporalmente actividades mineras en zonas de influencia del páramo mediante una medida cautelar, lo que dejó en evidencia la urgencia de un criterio definitivo sobre los límites del ecosistema. Años después, ese tipo de decisiones judiciales ha sido recurrente y ha marcado la agenda del Gobierno en la materia.
La ciudadanía, los gremios mineros, los campesinos y los defensores del ambiente esperan ahora señales concretas. Saber quién decide, con qué criterios técnicos y en qué plazos será clave para evaluar si el encargo al Ministerio de Agricultura protege el páramo, garantiza el agua de las comunidades o abre un nuevo capítulo de conflicto regional. Por ahora, el expediente vuelve a moverse en el centro del debate nacional.
Lo que sigue es la publicación de los actos administrativos que materialicen el encargo y la apertura de mesas técnicas con comunidades, autoridades locales y expertos. Mientras tanto, organizaciones ambientales y sectores productivos se preparan para fijar posición. La delimitación de Santurbán, una vez más, será una prueba de cómo el país concilia la protección ambiental con la economía regional.