El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general del porte de armas que regía en Colombia, según reportó El Norte. Con la decisión, el permiso vuelve a estar disponible para los ciudadanos que cumplan los requisitos legales.
La suspensión había impedido durante meses que los colombianos tramitaran o renovaran el documento que los habilita para portar armas de fuego. Con el levantamiento, se reactiva el proceso ante la autoridad competente, que en Colombia es la Armada Nacional para armas de defensa personal y el Comando General de las Fuerzas Militares para otras categorías.
El porte de armas en el país exige, según la normatividad vigente, condiciones como mayoría de edad, ausencia de antecedentes penales, certificación de capacitación en manejo de armas y la demostración de una necesidad justificada. El levantamiento de la suspensión no elimina esos requisitos, solo reactiva el trámite.
El gobierno también aclaró que se mantienen restricciones específicas. No podrán portar armas las personas con medidas cautelares, antecedentes por delitos dolosos ni quienes enfrenten investigaciones activas. Tampoco están incluidos los miembros de poblaciones que la ley considera de especial protección.
La decisión se inscribe en la discusión nacional sobre seguridad y autoprotección, un debate que atraviesa varias administraciones. Para el gobierno, levantar la suspensión responde a la necesidad de restablecer el ordenamiento jurídico en la materia y ofrecer herramientas legales a quienes demuestren idoneidad para portar un arma.
Sectores de la sociedad han planteado posiciones divergentes frente al porte de armas. Mientras organizaciones civiles y expertos en seguridad han advertido sobre los riesgos de una mayor circulación de armas de fuego en manos de civiles, gremios y ciudadanos que habían solicitado el permiso celebraron la apertura del trámite.
El Ministerio de Defensa, en coordinación con las Fuerzas Militares, será el encargado de fijar los lineamientos operativos para la entrega de los permisos. Se espera que en los próximos días se publique la resolución que detalla el procedimiento, los plazos y la documentación exigida a los solicitantes.
Queda pendiente evaluar el efecto de la medida en las cifras de violencia y en la percepción de seguridad de los ciudadanos, un punto que distintas agremiaciones y analistas han solicitado medir de manera independiente en los meses siguientes a la reapertura del porte.