El Ministerio de la Igualdad dejó de existir como entidad operativa y sus funciones y recursos fueron redistribuidos entre cuatro dependencias del Estado, según informó 360 Radio. Las competencias quedaron en manos de los ministerios del Interior, de Hacienda y de Justicia, además del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
La determinación se concreta en medio de un rediseño del mapa institucional del Gobierno nacional, que busca ajustar la estructura administrativa y los gastos asociados a la extinta cartera. Hasta ahora no se conocen detalles sobrecronograma de transición ni sobre el acto administrativo específico que oficializó el cierre.
El Ministerio de la Igualdad había sido creado en el periodo 2022-2026, durante el gobierno de Gustavo Petro, y concentraba políticas dirigidas a poblaciones históricamente discriminadas: mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y jóvenes, entre otros. La cartera estuvo cuestionada por la Contraloría y por sectores políticos por la ejecución de varios de sus programas, lo que formó parte del debate público que rodeó su liquidación.
Con la redistribución, cada ministerio receptor asume una parte de los programas. La asignación de tareas específicas entre Interior, Hacienda, Justicia y el DPS será clave para definir cómo se ejecutan a partir de ahora. La opacidad en la división concreta de funciones abre interrogantes sobre la continuidad de los proyectos bandera, como los relacionados con la autonomía económica de las mujeres o la atención a la pobreza extrema.
Para la ciudadanía, el cambio implica una reconfiguración en la ruta de acceso a esos servicios. Los usuarios que se beneficiaban de programas liderados por la Igualdad deberán identificar a cuál de las cuatro entidades acudir ahora. La transición también incluye el traslado de los servidores públicos que hacían parte de la planta de la cartera liquidada.
Desde el Congreso, la noticia reactiva el debate sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo para reorganizar ministerios y la respuesta institucional frente a los compromisos de derechos que atendía la cartera. Sectores de la oposición han cuestionado el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la garantía de derechos que dependían del ministerio, mientras el Gobierno defiende la necesidad de racionalizar el gasto.
El siguiente paso pendiente es la publicación del decreto o acto administrativo con el detalle técnico: funciones exactas por ministerio, programas transferidos y fechas precisas para la transición. La continuidad de las políticas sociales dependerá de cómo cada entidad asuma su nueva responsabilidad, según reportó 360 Radio.