El Gobierno nacional anunció que llevará al Congreso un proyecto de ley por 1,2 billones de pesos destinado a atender la crisis financiera de la empresa Air-e, operadora del servicio de energía en varios departamentos del Caribe colombiano. La información fue publicada por El Espectador.
Según el extracto de la fuente, los recursos se orientarán a pagar a los acreedores de la compañía y, con ello, a reducir el riesgo sobre la generación eléctrica en la zona. Air-e viene arrastrando dificultades financieras que han puesto en duda su capacidad para sostener la operación.
Air-e es una de las tres empresas de distribución y comercialización de energía que prestan servicio en la Costa Caribe, junto con Electricaribe, su antecesora liquidada, y otras entidades regionales. La compañía atiende a cientos de miles de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, entre otros departamentos.
El sector eléctrico colombiano opera bajo un esquema mixto en el que las empresas de distribución compran energía en el mercado mayorista a generadores y la entregan a los usuarios finales. Cuando una comercializadora no paga a tiempo a los generadores, el riesgo se traslada a toda la cadena y puede afectar la continuidad del servicio.
La crisis de Air-e se suma a un historial reciente de inestabilidad en la prestación del servicio de energía en la región. La Superintendencia de Servicios Públicos y la Creg han sido las entidades encargadas de vigilar el desempeño financiero y operativo de la compañía en los últimos años.
La radicación del proyecto en el Congreso implica que la iniciativa deberá surtir el trámite legislativo ordinario, con debates en comisiones y plenarias, antes de convertirse en ley. El Gobierno deberá explicar el origen de los recursos, su impacto fiscal y la forma en que se ejecutarán.
Para los usuarios, la consecuencia práctica es directa: del pago oportuno a los acreedores depende en buena parte la estabilidad de la generación y, por tanto, la calidad del servicio que reciben los hogares y las empresas de la región. La discusión en el Congreso definirá si esos 1,2 billones se aprueban en los términos propuestos.
Queda pendiente conocer el texto definitivo del proyecto, las fuentes específicas de financiación y el cronograma de giros a los acreedores, así como las reacciones de los partidos políticos, los gremios del sector eléctrico y los usuarios organizados en la Costa Caribe.