El Gobierno nacional tiene previsto radicar en octubre ante el Congreso un proyecto para desmontar de manera gradual el impuesto del 4x1000, según informó La Razón. La iniciativa se enmarcaría dentro de la llamada Ley de Rescate, el paquete de reformas que el Ejecutivo viene promoviendo para atender la situación económica y fiscal del país.
El gravamen a las transacciones financieras, conocido popularmente como 4x1000, fue creado en 1998 como una medida de emergencia para financiar la crisis de la banca pública. Con el paso de los años se convirtió en un componente estable del recaudo tributario, aunque su eliminación ha sido una demanda reiterada del sector financiero y de los contribuyentes.
De acuerdo con la fuente, en 2010 el país ya había trazado una ruta de salida del impuesto. Esa senda quedó borrada por las necesidades fiscales que surgieron después, lo que dejó al 4x1000 plenamente vigente y obligó a sucesivos gobiernos a mantenerlo dentro de la estructura de ingresos del Estado.
El desmonte gradual que ahora se plantea busca precisamente evitar el hueco fiscal que produjo la reversión de la anterior hoja de ruta. El esquema contemplaría una baja progresiva del porcentaje, de modo que el impacto sobre el recaudo se distribuya en el tiempo y se compense con otras fuentes de ingresos o con el crecimiento de la economía.
Para los contribuyentes, el eventual desmonte significaría una reducción directa en el costo de movimientos bancarios y transacciones financieras, un punto sensible para empresas y personas naturales que usan el sistema financiero de manera cotidiana. Los bancos, por su parte, han pedido históricamente la eliminación del tributo por considerar que desincentiva el uso de medios de pago formales.
Para el fisco nacional, en cambio, la discusión es sensible: el 4x1000 representa una fuente significativa de recursos que hoy se destina a financiar el presupuesto general de la Nación. Cualquier eliminación obliga a definir de dónde saldrá el dinero que deje de recaudarse, una decisión que suele ser objeto de amplios debates en el Legislativo.
La Ley de Rescate, según ha trascendido, se convertiría en el vehículo legislativo para esta y otras decisiones de política económica. El texto definitivo, los plazos del desmonte y los mecanismos de compensación se conocerían una vez se presente la ponencia ante el Congreso, lo que está previsto para el mes de octubre.
En el ámbito político, el anuncio reactiva la discusión sobre el tamaño del Estado, la presión tributaria y la búsqueda de un equilibrio entre recaudo y actividad económica. Sectores gremiales, académicos y expertos en finanzas públicas seguramente presentarán observaciones durante el trámite legislativo.
Por ahora, el compromiso del Gobierno es que la transición sea ordenada y que la ciudadanía pueda anticipar el efecto del desmonte en sus operaciones financieras. El cronograma exacto, los porcentajes de reducción por año y las eventuales compensaciones fiscales se definirán en el texto que llegue al Capitolio, según la fuente.