El Gobierno nacional radicó ante el Congreso, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley que busca trasladar 1,2 billones de pesos para atender la deuda acumulada con los generadores de energía y mantener la operación del sistema eléctrico en la región Caribe, según reportó Infobae. La iniciativa llega en un momento sensible del calendario climático, porque se anticipa un fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027.
La medida responde a la preocupación por la estabilidad del servicio en una zona que históricamente ha enfrentado restricciones de oferta y mayor exposición a interrupciones durante sequías prolongadas. El Caribe colombiano concentra buena parte de la demanda turística e industrial del país, y cualquier racionamiento se traduce en pérdidas económicas directas para hogares, hoteles, hospitales y pequeñas empresas.
El proyecto contempla reconocer los saldos pendientes con los agentes generadores que han mantenido el despacho de energía pese a la mora. Con ese pago se pretende liberar la caja de las empresas y asegurar la disponibilidad de plantas térmicas e hidráulicas en los meses de mayor estrés hídrico, cuando El Niño reduce los caudales y eleva los precios de bolsa.
Desde el punto de vista regulatorio, la urgencia del mensaje implica que el Congreso debe darle trámite preferente y discutirlo en las próximas semanas. Si la cámara correspondiente no lo aprueba en los plazos fijados por la Constitución, el Ejecutivo puede convocarla a sesiones extras para evitar el archivo de la iniciativa.
La decisión llega después de meses de advertencias de gremios del sector sobre el deterioro financiero de los operadores, varios de los cuales han pedido intervenciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Sin un flujo de recursos fresco, sostienen los agentes, la confiabilidad del sistema queda en entredicho en zonas con redes menos robustas.
Para los usuarios, el resultado esperado es doble: por un lado, evitar un colapso operativo en momentos de alta demanda; por otro, impedir que la deuda se traslade a las tarifas de los próximos periodos. Expertos citados en el debate público han insistido en que cualquier solución estructural pasa por revisar el esquema de subsidios, los cargos de distribución y los contratos de largo plazo con los generadores.
También se desconocen fuentes de financiamiento específicas. El Gobierno deberá precisar si los 1,2 billones provienen del presupuesto general, de un crédito presupuestal, de aportes del Fondo Empresarial de la Superintendencia o de una combinación de esas vías. Esa definición será clave para medir la sostenibilidad fiscal del paquete y el efecto sobre las finanzas públicas.
Mientras el Congreso tramita el proyecto, operadores del Caribe afinan planes de contingencia que incluyen mantenimiento de unidades térmicas, repotenciación de redes de transmisión y campañas de uso eficiente de energía. Las autoridades locales, por su parte, han pedido veedurías ciudadanas para que los recursos lleguen efectivamente a los generadores y no se diluyan en la cadena de pagos.
Quedan varios frentes abiertos. El primero es el texto final del articulado y los plazos de giro. El segundo, la reacción de los inversionistas frente a la señal de que el Estado reconoce deudas acumuladas. El tercero, el comportamiento real del clima durante 2026 y 2027, que será el termómetro definitivo de si el esfuerzo alcanza para evitar apagones.