El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella oficializó el cierre de todos los procesos de diálogo de paz y de las mesas sociojurídicas que se habían instalado durante la administración de Gustavo Petro. El anuncio lo recogió Hora 13 Noticias y lo replica como una decisión de alcance nacional.
Con esa determinación, se da por terminada la etapa de conversaciones que el gobierno anterior mantuvo con distintos sectores sociales y armados en el marco de su política de paz total. Las mesas sociojurídicas, creadas como instancias de trabajo entre el Estado y organizaciones sociales, también quedan suspendidas.
La decisión representa un cambio de rumbo frente a la estrategia que Petro había promovido desde 2022. Aquella administración apostó por abrir múltiples canales de diálogo con grupos armados ilegales y con movimientos sociales, una línea que ahora el gobierno de De La Espriella interrumpe de manera oficial.
Hasta el momento no se han detallado los mecanismos que reemplazarán esos espacios ni los protocolos para desmovilizar las estructuras instaladas. Tampoco se ha informado si los acuerdos parciales alcanzados en algunas mesas mantienen su vigencia o quedan sin efecto.
La medida afecta a las comunidades que participaban como mediadoras, a los equipos técnicos de las mesas y a los voceros de las organizaciones que venían interviniendo en esos procesos. También impacta a los organismos internacionales que acompañaban algunas de las conversaciones como facilitadores.
Sectores defensores de derechos humanos y voceros de las comunidades que participaban en las mesas han expresado preocupación por el cierre unilateral. Argumentan que suspender los espacios de diálogo puede dejar sin protección a poblaciones que dependían de esos acuerdos para su seguridad.
Desde el gobierno se ha señalado que la decisión responde a una evaluación de los resultados obtenidos durante la administración anterior. La postura oficial sostiene que los procesos no avanzaron como se esperaba y que se requiere un replanteamiento integral de la política de paz.
El cierre deja varias preguntas abiertas sobre el futuro de las negociaciones con grupos armados y sobre el rol que tendrá el Estado en los territorios donde estas mesas operaban. También queda en duda la suerte de los compromisos firmados y de los proyectos productivos asociados a esos espacios.
Las próximas semanas serán claves para conocer los lineamientos del nuevo gobierno en materia de seguridad y de diálogo social, y para saber si se abrirá una etapa distinta de conversaciones o si se optará por un enfoque centrado en la fuerza pública y la acción institucional.