El Gobierno Nacional confirmó la asignación de más de $613 mil millones para proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico en el departamento de Nariño, según reportó el informativo del Guaico. La inversión llega a un territorio que históricamente ha enfrentado altos indicadores de pobreza y déficit en servicios públicos.
Los recursos están dirigidos a tres ejes principales: la construcción y mejoramiento de vivienda, la ampliación de acueductos y la implementación de soluciones de saneamiento. Se trata de sectores que durante años han concentrado el mayor número de necesidades insatisfechas en las zonas rurales y en municipios alejados de la capital departamental.
Nariño es uno de los departamentos con mayor porcentaje de hogares sin acceso adecuado a agua potable y sin títulos de propiedad sobre sus viviendas. La dispersión geográfica y la accidentada topografía de la región han elevado los costos de las obras públicas y han limitado la llegada de proyectos de gran escala en décadas pasadas.
La asignación se inscribe en la estrategia del Gobierno Nacional de llevar inversión a los territorios históricamente rezagados. Las carteras involucradas en la ejecución son el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, junto con entidades del orden nacional que trabajan de manera articulada con alcaldías municipales y gobernaciones.
Para los habitantes del departamento, los anuncios significan la posibilidad de acceder a soluciones habitacionales formales y a sistemas de agua potable que cumplan con los estándares de calidad. En zonas rurales, donde aún se acude a fuentes de agua no tratadas, la mejora del servicio representa un cambio directo en las condiciones de salud pública.
En materia de saneamiento, los proyectos incluyen la construcción y optimización de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales. El objetivo declarado es cerrar la brecha entre las grandes ciudades del país y los municipios con menores índices de cobertura en servicios básicos.
Uno de los retos pendientes es la ejecución efectiva de los recursos. Las veedurías ciudadanas y los organismos de control suelen alertar sobre demoras en los procesos de contratación y en la entrega final de obras en los municipios más apartados. La efectividad de la inversión dependerá de los cronogramas que establezcan las entidades ejecutoras.
Las comunidades organizadas y las asociaciones de vivienda han pedido participación en la priorización de los proyectos, con el fin de asegurar que las obras respondan a las necesidades reales de cada subregión y no se concentren únicamente en la cabecera departamental.
En el corto plazo se espera la apertura de convocatorias y licitaciones para adjudicar los contratos. El Ministerio de Vivienda tendrá a su cargo el seguimiento técnico y financiero de cada uno de los proyectos que se financien con esta partida superior a los $613 mil millones.