El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, resolvió dar por finalizados los procesos de paz que se venían implementando desde la administración de Gustavo Petro. La decisión abarca la totalidad de los esquemas de diálogo y los mecanismos de ubicación que estaban activos hasta ahora.
Según la información divulgada por el diario El Heraldo, la medida incluye explícitamente los procesos de diálogo, los espacios sociojurídicos y los mecanismos de ubicación que venían de la administración anterior. Esta amplitud marca un viraje en la política de negociación con grupos armados que el país venía sosteniendo.
Los procesos sociojurídicos son instancias en las que se busca resolver conflictos entre comunidades y actores armados por vías que combinan lo jurídico y lo social, con acompañamiento del Estado. Los mecanismos de ubicación, por su parte, hacen referencia a los traslados y reubicaciones temporales de personas en el marco de los diálogos. El cierre de ambos esquemas tiene implicaciones directas sobre las poblaciones que participaban en ellos.
Colombia ha acumulado más de seis décadas de negociaciones con distintos grupos armados, desde los acuerdos con las AUC en la primera década del 2000 hasta los fallidos diálogos con el ELN y las antiguas FARC. Cada gobierno ha definido su propia arquitectura de paz, alternando entre acercamientos directos, protocolos formales y marcos legislativos específicos.
La terminación de estos esquemas afecta de forma inmediata a las comunidades que participaban como interlocutoras en los espacios sociojurídicos, así como a quienes dependían de los mecanismos de ubicación. También impacta al funcionariado y a los mediadores designados para sostener esos procesos, que ahora quedan sin un marco operativo definido.
El cierre llega como parte del paquete de decisiones que el gobierno de De la Espriella ha venido adoptando al inicio de su mandato para marcar distancia con políticas del periodo previo. En materia de orden público y construcción de paz, la administración ha privilegiado un enfoque orientado al reforzamiento de la fuerza pública y al combate directo de las organizaciones criminales.
Sectores defensores de derechos humanos venían señalando que los diálogos sociojurídicos servían para contener la violencia en territorios rurales donde la presencia del Estado es débil. Con el cierre de esos procesos, varias regiones podrían quedar sin los espacios formales que permitían gestionar diferencias entre comunidades y grupos armados.
Desde la oposición política, distintas voces han pedido al gobierno explicar con detalle qué sustitutos ofrecerá para las comunidades que dependían de los esquemas suspendidos. También han solicitado claridad sobre el destino de los acuerdos parciales que se hayan firmado y sobre la continuidad de los equipos técnicos que operaban en los territorios.
Por ahora, la administración no ha anunciado públicamente una política alternativa que reemplace los esquemas cerrados. El cierre deja abiertas preguntas sobre cómo se atenderán los compromisos adquiridos con las comunidades que participaban en los espacios sociojurídicos y sobre el rumbo que tomará la política de paz del país en los próximos años.
El Heraldo, medio que publicó la información, es uno de los periódicos de referencia de la Costa Caribe colombiana y suele ser consultado como fuente primaria sobre decisiones del orden nacional. La nota original puede consultarse en su portal elheraldo.co para conocer los detalles de la decisión y las reacciones iniciales.