El Gobierno Nacional expidió un decreto con el que se da por iniciado el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, según informó Noticias Caracol. Con esa decisión, la entidad avanza hacia su disolución formal tras haber sido declarada inexistente por razones de trámite legislativo.
El origen del desenlace está en un vicio de trámite que el Congreso de la República no alcanzó a subsanar. En razón de ese vacío, la existencia del ministerio fue declarada inasequible, lo que abrió la puerta al proceso de liquidación que ahora se ordena por decreto.
El Ministerio de Igualdad y Equidad fue creado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro como una de las apuestas centrales de su administración. La cartera se diseñó para coordinar políticas orientadas a cerrar brechas de género, étnicas y territoriales, y operó como una entidad con rango ministerial desde su puesta en marcha.
Durante su funcionamiento, la entidad estuvo encabezada por figuras como la vicepresidenta Francia Márquez, quien asumió como ministra al inicio del periodo presidencial. Con el paso de los meses, la cartera atravesó cambios de liderazgo y ajustes en su estructura interna, en medio del debate sobre su alcance y su capacidad de ejecución.
El proceso de liquidación implica, en la práctica, el cierre ordenado de la entidad. Esa ruta incluye la revisión de contratos vigentes, la definición de la planta de personal y la transferencia o terminación de los programas en marcha. Los detalles operativos del decreto fijan los plazos y las autoridades encargadas de cada etapa.
Para la ciudadanía, la liquidación plantea preguntas concretas sobre la continuidad de los proyectos sociales que el ministerio coordinaba. Programas dirigidos a mujeres, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y población en situación de pobreza extrema quedan ahora a la espera de definiciones sobre quién asumirá esas tareas.
Sectores políticos y sociales han reaccionado a la decisión. Mientras algunos la consideran ajustada a la normatividad vigente, otros la califican como un golpe a la política de equidad. Las reacciones recogidas por Noticias Caracol reflejan esa división y anticipan un debate en el Congreso y en la opinión pública.
El decreto deja abierto el calendario de la liquidación. Las autoridades deberán expedir las resoluciones de detalle, nombrar el liquidador y publicar los informes de avance. En las próximas semanas se conocerán los tiempos exactos y el inventario de obligaciones que deberá atender el proceso.
Lo que queda en el aire es el destino de los programas, los recursos y los funcionarios que dependían de la entidad. La respuesta a esas incógnitas dependerá de los actos administrativos que se desprendan del decreto y de las decisiones presupuestales que adopte el Gobierno Nacional en el marco de la transición.