El Ministerio de Igualdad y Equidad, creado en 2023 durante la administración de Gustavo Petro, entra en su fase de liquidación luego de que el Gobierno Nacional designara a Alfredo Acosta Zapata como liquidador de la entidad, de acuerdo con la información publicada por la fuente.
La Superintendencia de Sociedades y otras entidades del Estado suelen guiar este tipo de procesos, pero el reporte indica que la responsabilidad directa recae sobre Acosta Zapata, un abogado con trayectoria en procesos de reestructuración administrativa. Su tarea será inventariar bienes, saldar pasivos laborales y contractuales, y decidir el destino de los programas que estaban en marcha.
El Ministerio de Igualdad fue una de las apuestas centrales del gobierno anterior para cerrar brechas sociales y coordinar políticas dirigidas a poblaciones vulnerables, entre ellas mujeres, comunidades étnicas y jóvenes en territorios afectados por la violencia. Durante su funcionamiento concentró programas como la identificación de liderazgos territoriales y la entrega de transferencias condicionadas en zonas rurales.
La liquidación implica que los convenios y contratos vigentes tendrán que ser revisados uno a uno para determinar cuáles se terminan, cuáles se trasladan a otras entidades y cuáles quedan sin efecto. Los funcionarios de planta y los contratistas enfrentan incertidumbre sobre su continuidad, un punto sensible porque muchas de estas personas fueron vinculadas en los últimos meses.
El cierre de una entidad del orden nacional tiene implicaciones presupuestales. Los recursos que estaban asignados al Ministerio de Igualdad deberán reasignarse en el Presupuesto General de la Nación o, en caso de no ejecutarse, reintegrarse a la hacienda pública. El liquidador deberá presentar un cronograma y un informe final ante los organismos de control.
La decisión se suma al debate sobre el tamaño del Estado colombiano y la eficiencia de las entidades creadas en los últimos años. Sectores críticos del nuevo gobierno han argumentado que ministerios como el de la Igualdad duplicaban funciones de otras dependencias, mientras que defensores de la entidad sostienen que su supresión deja sin interlocución a poblaciones históricamente desatendidas.
Organizaciones de derechos humanos y voceros de las comunidades que eran beneficiarias de los programas han pedido que se garantice la continuidad de las iniciativas en marcha y que los trabajadores no queden desprotegidos durante la transición. El llamado se dirige al liquidador y al Ministerio de Hacienda para que se definan reglas claras.
El proceso de liquidación de una entidad pública en Colombia suele tardar entre seis y dieciocho meses, dependiendo del volumen de contratos y del inventario de bienes. En este caso, la fuente no precisa plazos, por lo que queda pendiente conocer el cronograma que presente Acosta Zapata en los próximos días.
Según la fuente, el Gobierno Nacional fue el encargado de oficializar la designación. No se conocieron de inmediato reacciones oficiales de la oposición ni de los sindicatos del Ministerio, aunque se espera que en las próximas semanas se conozcan pronunciamientos sobre el futuro de los programas sociales que estaban bajo la órbita de la entidad.