El Gobierno Nacional puso en marcha una operación militar y policial en el sur del departamento del Cesar, con foco en Aguachica, para desarticular una estructura del ELN dedicada al robo y la distribución ilegal de combustibles. Según reportó Noticias RCN, la acción está dirigida contra lo que se conoce como el cartel de gasolina de esa guerrilla.
El operativo tiene dos objetivos centrales. El primero es proteger la infraestructura del poliducto que atraviesa la zona y que ha sido blanco de atentados y perforaciones ilegales. El segundo es cortar el suministro de combustible que llega a las zonas cocaleras del Catatumbo, en Norte de Santander, donde el ELN y otros grupos armados financian buena parte de sus actividades con el procesamiento de coca.
Aguachica es un punto estratégico en la ruta que conecta el Cesar con el Catatumbo y la frontera con Venezuela. Su cercanía a los oleoductos y poliductos que salen de la región del Magdalena Medio la convierte en un eslabón sensible dentro de la cadena de extracción y transporte de hidrocarburos del país.
El robo de combustible, conocido popularmente como pimpineo, no es un fenómeno nuevo en esta zona del país. Hace años que las autoridades registran pérdidas millonarias para Ecopetrol por conexiones ilegales a los poliductos. El combustible sustraído se comercializa a menor precio en pueblos del sur del Cesar y se desvía hacia economías ilegales en el Catatumbo, incluida la producción de pasta de coca.
La operación se suma a la presión militar que el Gobierno viene ejerciendo sobre el ELN en varias regiones, en medio de un escenario de seguridad complejo. En el Catatumbo persisten los enfrentamientos entre grupos armados, los cultivos de uso ilícito y los desplazamientos forzados que afectan a comunidades campesinas e indígenas de la zona.
Para los habitantes de Aguachica y municipios vecinos, el impacto inmediato de estas operaciones suele traducirse en restricciones a la movilidad, puestos de control y una presencia militar reforzada. En el mediano plazo, lo que se juega es si se logra reducir el negocio del combustible hurtado, que durante años ha servido como fuente de financiamiento de las estructuras armadas que operan en la región.
Las reacciones desde el Catatumbo suelen ser mixtas. Mientras algunos líderes comunitarios piden que las operaciones vengan acompañadas de inversión social y presencia estatal permanente, otros sectores han cuestionado que las acciones militares se concentren en cortar el suministro sin atacar de fondo las causas estructurales de la economía cocalera.
Queda por verse el balance oficial del operativo, el número de capturados, las capturas de infraestructura y el volumen de combustible recuperado. La efectividad de la acción se medirá en las próximas semanas por la reducción del pimpineo en la zona y por la capacidad de las Fuerzas Armadas de sostener la presencia sobre el poliducto sin que se reactiven las conexiones ilegales.