Según una publicación del medio Portal News, el Gobierno Nacional habría impartido una instrucción para que las entidades del Estado eviten en sus piezas oficiales y comunicaciones las expresiones "campesinos" y "reforma agraria". La directriz, de confirmarse, modificaría el lenguaje habitual con el que las instituciones se han referido durante décadas al sector rural colombiano.
La orden se habría dado en un momento en el que el acceso a la tierra y la situación del campo siguen siendo temas centrales de la agenda pública. El concepto de "reforma agraria" ha sido durante años una de las banderas de distintos sectores políticos y sociales, y su uso normativo aparece en leyes, sentencias y documentos oficiales. Cambiar la terminología podría tener efectos en la manera como se diseñan y comunican las políticas rurales.
El representante José Luis Bohórquez reaccionó a la información y anunció que llevará el caso a la Comisión Quinta de la Cámara, de la que hace parte. Esta comisión es la encargada de tramitar los proyectos relacionados con temas agropecuarios, ambientales y de tierras. Según el congresista, el debate busca que el Gobierno explique el contenido y el alcance de la supuesta instrucción.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) aparece mencionada de manera directa en el reporte. Esta entidad es la responsable de ejecutar la política de acceso a la tierra y de administrar los predios baldíos del país, por lo que un cambio en su lenguaje oficial tendría repercusiones directas en la relación con las comunidades rurales y en la forma como se nombran los procesos de formalización y entrega de tierras.
En la práctica, el cambio de vocabulario podría alterar la manera como se diseñan los planes de desarrollo territorial, los programas de sustitución de cultivos y los procesos de restitución de tierras, que suelen usar la categoría "campesino" para identificar a sus beneficiarios. Aunque la medida, si se confirma, no elimina derechos ni programas, sí modifica el lenguaje con el que el Estado se dirige a millones de familias del campo.
Desde el punto de vista ciudadano, la discusión no es menor: el lenguaje oficial define quién es sujeto de las políticas públicas. Términos como "campesino", "productor rural" o "agricultor" no son sinónimos y cada uno abre o cierra el acceso a determinados beneficios, subsidios y programas. Por eso, cualquier ajuste en el vocabulario usado por las entidades genera debate entre las organizaciones agrarias y los voceros del sector.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido, según lo recogido en el extracto, una comunicación pública que confirme o aclare el contenido exacto de la instrucción. El debate anunciado en la Comisión Quinta se convierte así en el escenario donde el Ejecutivo deberá precisar si la directriz existe, a qué entidades aplica y qué criterios orientarán la nueva forma de nombrar a las comunidades rurales.
En las próximas semanas se espera que la citación al debate formalice las preguntas del Congreso al Gobierno. Las organizaciones campesinas y los gremios del agro, por su parte, suelen pronunciarse cuando se discuten cambios en la política de tierras, por lo que es probable que el tema pase del lenguaje a la discusión de fondo sobre el rumbo de la política agraria del país.