El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer las decisiones adoptadas en un Consejo de Seguridad realizado en Sucre, departamento históricamente afectado por la disputa de organizaciones criminales por el control territorial.
Según informó Minuto60, el jefe de Estado confirmó que la principal medida será el aumento del pie de fuerza en la región, con el objetivo de golpear al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que tiene una presencia significativa en varias zonas de Sucre.
El Clan del Golfo es considerado una de las estructuras armadas ilegales de mayor envergadura en Colombia. Nació tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y ha extendido su influencia a departamentos del Caribe y otras regiones, donde participa en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
La convocatoria de un Consejo de Seguridad presidencial en el propio territorio suele interpretarse como una señal política de la prioridad que el Gobierno otorga a la zona. En ese tipo de reuniones participan, entre otros, el Ministro de Defensa, los altos mandos militares y de Policía, y las autoridades locales.
Para los habitantes de Sucre, la presencia del Clan del Golfo se traduce en amenazas a líderes sociales, restricciones a la movilidad, extorsiones a comerciantes y campesinos, y disputas armadas que comprometen la seguridad de comunidades enteras. Cualquier refuerzo de las fuerzas estatales es observado con atención por la ciudadanía.
El pie de fuerza militar y policial hace referencia al número de uniformados desplegados en un área específica. Incrementarlo implica enviar más tropas o efectivos de Policía, dotarlos de logística y articularlos con operaciones de inteligencia y de control territorial.
Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado públicamente el número exacto de efectivos que serán desplegados, ni los municipios específicos donde se concentrarán los operativos, aspectos que suelen comunicarse a través del Ministerio de Defensa o de los comandos militares regionales en los días posteriores al anuncio.
La ofensiva se suma a la estrategia nacional contra el crimen organizado que ha incluido operaciones en otras zonas del país donde el Clan del Golfo tiene presencia. Organismos de control y la Defensoría del Pueblo han insistido en que estas intervenciones requieren acompañamiento institucional para evitar que los territorios queden en poder de otras estructuras tras la salida de los grupos objetivo.
Queda pendiente el seguimiento a los resultados de estas medidas, así como la evaluación de su impacto en la seguridad de los sucreños y en la lucha contra las economías ilegales que sostienen a esa organización en la región.
