El Gobierno Nacional oficializó la declaratoria de situación de desastre nacional por el fenómeno de El Niño mediante el Decreto 0802, expedido el 23 de julio de 2026. La norma fue divulgada por 360 Radio y establece un marco de respuesta con una vigencia de doce meses.
El decreto tiene como propósito robustecer la capacidad de respuesta institucional frente a las alteraciones climáticas provocadas por este fenómeno. Con la declaratoria, se busca activar los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico colombiano para atender emergencias de carácter nacional.
La figura de declaratoria de desastre nacional permite al Estado colombiano concentrar recursos, agilizar trámites presupuestales y coordinar acciones entre la Nación, los departamentos y los municipios afectados. Bajo este esquema, las entidades competentes pueden reorientar partidas, firmar convenios de cooperación y ejecutar planes de contingencia de forma más expedita.
El fenómeno de El Niño es un evento climático recurrente que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. En Colombia, sus efectos suelen traducirse en sequías prolongadas, desabastecimiento de agua, incendios forestales, pérdidas en el sector agropecuario y aumento de temperaturas en distintas regiones del país.
La declaratoria cobija a las entidades del orden nacional, territorial y a los organismos de socorro que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estas instancias deberán articular sus planes de respuesta según los protocolos establecidos en la Ley 1523 de 2012, que rige la política nacional de gestión del riesgo.
Para los ciudadanos, los efectos prácticos se traducen en una mayor presencia institucional en las zonas afectadas, campañas de prevención y acceso a ayudas humanitarias cuando la situación lo amerite. Sectores como la agricultura, la ganadería y el abastecimiento de acueductos suelen ser los más impactados durante la temporada seca.
La vigencia de doce meses del decreto permite planear acciones de mediano plazo, desde la atención inmediata hasta la recuperación posterior. Este plazo también facilita la llegada de cooperación internacional y la ejecución de obras de mitigación en regiones vulnerables a la variabilidad climática.
El Gobierno aún debe precisar el alcance territorial de la declaratoria y los rubros específicos que se destinarán para atender la emergencia. Las autoridades locales esperan instrucciones sobre los puntos focales de atención, los canales de reporte de daños y los criterios para acceder a los recursos extraordinarios.
La información fue difundida por 360 Radio, medio que reseñó la expedición del decreto. Hasta el momento, no se han reportado pronunciamientos de los gremios afectados ni de los gobernadores de los departamentos más expuestos a la temporada seca.