El Ejecutivo confirmó que el 20 de julio presentará formalmente ante el Congreso el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, según reportó El Quindiano. La fecha coincide con el inicio de la nueva legislatura, un momento habitual para el trámite de iniciativas de gran alcance.
La propuesta contempla la prohibición total de la técnica de fracturamiento hidráulico para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales. Para defender la iniciativa, el Gobierno presentará estudios científicos y ambientales en los que se demuestran los riesgos que implica esta práctica extractiva para las comunidades y el ecosistema.
El proceso legislativo estará acompañado por dos carteras clave. El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderarán la articulación técnica y regulatoria del proyecto. Ambos despachos deberán armonizar la propuesta con la política energética nacional y con los compromisos ambientales del país.
La bancada legislativa del Gobierno respaldará el trámite en el Congreso, según indicó El Quindiano. El apoyo de la bancada oficialista resulta determinante para que el texto avance en las comisiones correspondientes y llegue a las plenarias de Senado y Cámara dentro de los tiempos previstos.
El fracking ha sido tema de debate en Colombia durante la última década, en particular por sus efectos sobre fuentes de agua, la estabilidad de los suelos y la salud de las poblaciones cercanas a las zonas de operación. Las comunidades de regiones como el Magdalena Medio y los Llanos Orientales han expresado preocupaciones por los posibles impactos de esta técnica.
A nivel internacional, varios países han suspendido o restringido el uso del fracking por razones ambientales y de salud pública. En América Latina, la discusión se ha centrado en el balance entre la necesidad de atraer inversión para el sector de hidrocarburos y la protección de ecosistemas estratégicos.
De aprobarse la ley, Colombia se sumaría a la lista de naciones que prohíben esta práctica. La decisión tendría repercusiones sobre las empresas del sector petrolero con intereses en yacimientos no convencionales y sobre las metas de autosuficiencia energética del país.
El texto pasará ahora por el análisis de las comisiones constitucionales y la correspondiente discusión en el Congreso. El Gobierno confía en que el respaldo técnico y científico sea suficiente para que la iniciativa complete su trámite legislativo.
Por ahora, queda pendiente conocer el articulado completo del proyecto, los plazos definidos para su discusión y las observaciones de los gremios del sector y de las comunidades en las zonas donde se han desarrollado pilotos de fracking.