La Presidencia de la República informó que el Gobierno Nacional adelantará una revisión de los contratos y la ejecución de los recursos asignados a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, según reportó El Heraldo. La decisión se tomó tras detectar que el avance físico en los territorios no corresponde con los montos de dinero comprometidos hasta el momento.
La ART es la entidad encargada de coordinar la intervención del Estado en las zonas más afectadas por la violencia, la pobreza y la presencia de economías ilícitas. Su labor incluye la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura, desarrollo productivo y fortalecimiento comunitario en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Por su parte, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos hace parte de la estrategia de lucha contra las drogas y busca ofrecer alternativas legales a familias campesinas que dependen de cultivos como la coca. La sustitución voluntaria es uno de los pilares del acuerdo de paz firmado en 2016, aunque su implementación ha enfrentado retrasos y cuestionamientos en los últimos años.
La discrepancia entre los recursos asignados y los resultados concretos en los territorios ha sido una preocupación recurrente en los informes de organismos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría. Las veedurías ciudadanas también han señalado demoras en obras pactadas con comunidades en regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba.
Desde la Presidencia se indicó que la revisión busca establecer el estado real de cada contrato, identificar posibles irregularidades y determinar responsabilidades. El proceso podría incluir la suspensión de convenios, la exigencia de planes de cumplimiento o la apertura de investigaciones disciplinarias y fiscales, según lo que establezcan las autoridades competentes.
La medida afecta directamente a los habitantes de los municipios donde operan estos programas, muchos de los cuales esperaban la llegada de vías, acueductos, escuelas y proyectos productivos. Las organizaciones sociales han pedido que la revisión no se traduzca en nuevos retrasos y que se garantice la continuidad de los compromisos ya firmados con las comunidades.
El anuncio se produce en un contexto de presión internacional por los resultados de la política de drogas y de exigencia interna por la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que mantiene la sustitución en el centro del debate nacional.
Queda por definirse el alcance exacto de la revisión, los plazos para la entrega de resultados y si la Contraloría o la Procuraduría abrirán investigaciones paralelas. Mientras tanto, las comunidades y los operadores locales esperan señales claras sobre qué proyectos continúan, cuáles se ajustan y cuáles podrían cancelarse por incumplimiento.