La Casa de Nariño publicó en los últimos días los decretos con los que formalizó la llegada de Didier Blanco a la Unidad Nacional de Protección, María Rocío Cortés a la Superintendencia de Industria y Comercio y Leonardo Huerta al Departamento Administrativo de la Función Pública, según registró el diario El Nuevo Siglo. Con la oficialización, los tres funcionarios quedaron habilitados para asumir de inmediato la dirección de entidades que manejan agendas sensibles del Estado.
La UNP es la entidad encargada de evaluar y asignar los esquemas de protección a personas que enfrentan riesgos extraordinarios por su labor, entre ellos líderes sociales, excombatientes en proceso de reincorporación, servidores públicos y víctimas del conflicto. El reemplazo en la dirección suele generar expectativa entre los protegidos y los analistas de seguridad, porque la continuidad o los cambios en los criterios de evaluación impactan de manera directa la cobertura y la calidad de los esquemas.
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio cumple funciones de autoridad nacional de protección al consumidor, vigilancia de la competencia, protección de datos personales y régimen de propiedad industrial. El periodo de transición en la SIC suele llamar la atención del sector productivo y de los consumidores, pues la entidad tramita procesos sancionatorios, responde quejas masivas y dicta reglamentos técnicos en sectores como telecomunicaciones, comercio electrónico, alimentos y medicamentos.
En el Departamento Administrativo de la Función Pública se concentra la formulación de políticas de empleo público, la regulación del ingreso y ascenso en las entidades estatales y la supervisión de la gestión del talento humano en las ramas del orden nacional. La llegada de un nuevo director suele coincidir con discusiones sobre meritocracia, concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la reorganización de plantas de personal en ministerios y entidades descentralizadas.
El trámite para posesionar a los nuevos directivos incluyó el envío de las hojas de vida a las comisiones constitucionales del Congreso, que verifican el cumplimiento de los requisitos legales. Con la publicación de los decretos en el Diario Oficial, queda cerrado el paso formal y los designados están en condiciones de iniciar funciones. La posesión ante el presidente Abelardo de la Espriella y la juramentación ante los ministerios y superintendencias correspondientes completan el protocolo.
En las últimas semanas el Gobierno había anticipado la hoja de ruta para completar la cúpula de estas entidades, en un contexto marcado por la necesidad de dar continuidad a los programas de protección, fortalecer la inspección en mercados sensibles y avanzar en la reforma del empleo público. La oficialización simultánea de los tres decretos se interpreta como un intento por cerrar la discusión sobre vacancias que venían arrastrándose desde la pasada administración.
Las reacciones del sector empresarial y de los gremios de protección de derechos humanos se concentran ahora en la lectura de las hojas de vida y de las primeras declaraciones de los nuevos funcionarios. Didier Blanco llega a la UNP tras una trayectoria vinculada a la seguridad, María Rocío Cortés es abogada y especialista en derecho comercial, y Leonardo Huerta se desempeñó en tareas de gestión pública, según el perfil que circuló en los medios especializados.
Quedan pendientes al menos tres frentes. Primero, la presentación pública de la agenda de cada nuevo director, en especial la relacionada con la ruta de protección y los tiempos de respuesta a las solicitudes de esquemas. Segundo, la continuidad de las investigaciones y multas en curso en la SIC, que pueden verse afectadas por la transición. Tercero, la definición de los concursos de méritos y los ajustes al manual de funciones que se discutirán en la Función Pública durante el primer trimestre.