El Gobierno colombiano oficializó la terminación de la mesa de diálogos que adelantaba con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo armado que hace presencia en los departamentos de Nariño y Putumayo. La información fue reportada por Radio Santa Fe y constituye un paso formal en la política de conversación o ruptura que aplica el Ejecutivo frente a las estructuras armadas que operan en el sur del país.
Las mesas de diálogo con grupos armados al margen de la ley forman parte del repertorio de herramientas que el Estado colombiano ha empleado, con resultados variables, desde hace varias décadas. Estas instancias buscan, en teoría, acordar condiciones para cesar las hostilidades, reducir la violencia en las comunidades y avanzar en procesos de sometimiento a la justicia.
En el contexto regional, Nariño y Putumayo concentran desde hace años una parte significativa de las afectaciones por el conflicto armado, incluyendo desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores y disputas entre organizaciones ilegales por el control territorial y de economías como el cultivo de uso ilícito. La terminación del diálogo modifica las expectativas sobre cómo el Estado atenderá esta problemática en el corto plazo.
La decisión implica que el camino para esa estructura armada deja de ser la negociación política y retorna al marco de la respuesta institucional, que puede incluir operaciones de seguridad, reforzamiento de la presencia militar y articulación con la Fiscalía y la rama judicial para los procesos de judicialización correspondientes. Los alcances operativos concretos de la medida dependerán de las determinaciones que adopten el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública.
Para los habitantes de los municipios afectados en Nariño y Putumayo, la ruptura de la mesa suele traducirse en una recomposición del conflicto local. Las comunidades que habían depositado expectativas en un eventual acuerdo suelen quedar expuestas a una etapa de mayor incertidumbre, mientras los equipos institucionales deben reforzar los esquemas de alerta temprana y la atención a la población vulnerable.
Las reacciones de los voceros del grupo armado y de las organizaciones de derechos humanos que hacen veeduría en la zona suelen ser un indicador del rumbo que tome la situación en las próximas semanas. Hasta el momento, la fuente consultada no registra pronunciamientos adicionales de las partes sobre los motivos puntuales que llevaron al cierre de la mesa.
En el plano político, la decisión se suma al debate nacional sobre la estrategia de seguridad y de paz del presidente Abelardo de la Espriella. Sectores que privilegian el diálogo han cuestionado históricamente la suspensión de estos espacios, mientras quienes defienden la vía militar consideran que la terminación es una señal de firmeza frente a las organizaciones armadas.
Queda pendiente conocer los detalles operativos de la salida del diálogo: si habrá protocolos de seguridad para los negociadores, qué mecanismos de protección se ofrecerán a las comunidades y si se mantiene algún canal de comunicación. La evolución de la situación en el territorio será el indicador más concreto del impacto real de esta determinación.