El presidente Abelardo de la Espriella giró una orden al Ministerio de Transporte para que adelante una revisión integral de las cámaras de detección de infracciones de tránsito, conocidas popularmente como fotomultas. La medida se conoce luego de que se presentaran denuncias por presuntas irregularidades en el funcionamiento de estos dispositivos, según reportó Crónica del Quindío.
Las fotomultas son comparendos electrónicos que se imponen cuando un vehículo comete una infracción captada por cámaras instaladas en vías urbanas y carreteras del país. El sistema opera mediante la detección automática de conductas como el exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo o circular por carriles restringidos. Una vez captada la infracción, se genera una multa que llega al propietario del vehículo.
La operación de estos dispositivos ha estado a cargo de concesiones y entidades territoriales, que contratan a operadores privados para la instalación y el procesamiento de las infracciones. Este modelo ha sido objeto de debate público durante años, pues críticos señalan que en algunos casos los criterios de calibración o ubicación de las cámaras no son claros para los conductores.
La orden presidencial implica que el Ministerio de Transporte deberá evaluar el estado técnico y jurídico de los sistemas de detección en todo el territorio nacional. Aunque el comunicado recogido por la fuente no detalla plazos, se trata de un proceso que suele involucrar auditorías a los contratos vigentes y la revisión de los manuales técnicos de cada equipo.
Para los ciudadanos, el anuncio tiene implicaciones directas. Los conductores que han recibido comparendos electrónicos podrán ver suspendidos o revisados los cobros si las cámaras no cumplen los requisitos técnicos. También se abre la posibilidad de que se depuren los sistemas en zonas donde se han reportado focos recurrentes de presuntas infracciones masivas.
En materia institucional, la decisión representa una intervención del nivel nacional sobre un servicio que hasta ahora ha sido gestionado con autonomía por alcaldías y gobernaciones. El Ministerio de Transporte actúa como ente rector de la política de tránsito y, por tanto, tiene competencia para fijar lineamientos sobre el uso de tecnologías de control.
Las reacciones ciudadanas registradas en distintas regiones han sido mixtas. Mientras algunos conductores piden que se suspendan de inmediato las multas, otros consideran que el sistema de fotomultas es necesario para reducir la accidentalidad vial. La fuente consultada no incluye pronunciamientos de los operadores privados del sistema.
Quedan pendientes varios puntos por definir. El Ministerio de Transporte deberá precisar el alcance de la revisión, los criterios técnicos que se evaluarán y si la medida tendrá efectos retroactivos sobre multas ya impuestas. También se espera que se conozca el cronograma oficial de la auditoría y los mecanismos de participación para que los ciudadanos presenten quejas documentadas.